Pedirán la cabeza de JRB por caso Lebarón

Unas 15 agrupaciones civiles, empresariales, patronales y educativas pusieron como plazo el 22 de septiembre al gobierno de Chihuahua para que aclare el homicidio del activista Benjamín LeBarón y encarcele a los responsables.

El presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, advirtió que para esa fecha los homicidas deberán estar identificados y en la cárcel porque de otra manera habrá consecuencias políticas y económicas, pues pedirán la renuncia del gobernador José Reyes Baeza.

Expuso que el primer punto del pacto social con el gobierno debe ser la seguridad y no se ha cumplido.

A nombre de las organizaciones, la señora Montserrat Vigil Toscano leyó un pronunciamiento conjunto en el que advierte que la situación social del país da visos de que se inicia una nueva espiral de violencia e inseguridad en donde los ciudadanos son el blanco principal.

Las organizaciones establecieron en su pronunciamiento que "somos una sociedad que está sola frente al delincuente. Los gobiernos nos han dado la espalda por omisión, por incapacidad o por complicidad".

El documento de tres cuartillas asentó que para la sociedad ha llegado el momento de exigir con firmeza a los gobernantes soluciones contundentes, efectivas, legales y de largo alcance que reintegren la paz, la seguridad y la libre convivencia.

Los gobiernos en su conjunto se comprometieron en el seno del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad a una serie de acciones que no han cumplido a cabalidad, apuntaron.

Indicaron que pensar en que la sociedad debe autodefenderse frente a la inacción de la autoridad sólo llevaría al país a una mayor violencia.

Sostuvieron que la impunidad y el libre movimiento de la delincuencia tanto en Chihuahua como en otras ciudades del país denotan la incapacidad de la autoridad para investigar con seriedad y profundidad la actividad criminal o una complicidad de la autoridad que debe ser indagada y castigada.
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