Noticias de Chihuahua, Chih., a Lunes 6 de julio de 2020

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Pide diputada que Gobierno federal dé marcha atrás a revocación de licencias a transportistas manifestantes

por El Ágora 368

Pide diputada que Gobierno federal dé marcha atrás a revocación de licencias a transportistas manifestantes

Recordó que la manifestación pacífica es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 9º de nuestra Carta Magna.

Chihuahua.- En congruencia con su actuar en defensa de los derechos humanos, la presidenta del Congreso del Estado Blanca Gámez Gutiérrez presentó un exhorto para solicitar al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la revocación de permisos en contra de transportistas, que participaron en las protestas contra el incremento a los combustibles.

Esta noticia ha trascendido en diversos medios de comunicación , a través de su titular Gerardo Ruiz Esparza, de sancionar a diversas empresas de auto transporte con el retiro del permiso para ejercer sus actividades, ante la sospecha de su participación en los diversos bloqueos suscitados en garitas, casetas, caminos y puertos federales en diversos puntos del territorio nacional.

Ante esto, la legisladora reiteró que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, “somos sensibles a la inconformidad que millones de Mexicanos han manifestado ante el incremento de combustibles a lo largo y ancho del territorio nacional; por lo que creemos que es un problema complejo que solo puede ser solucionado a través del diálogo y la participación de todos los sectores de nuestra sociedad, para poder alcanzar acuerdos que abonen a un desenlace beneficioso para todas las partes”.

Sin embargo, recordó que la manifestación pacífica es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 9º de nuestra Carta Magna, que establece que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. El derecho de reunión se encuentra igualmente reconocido por los artículos 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, el derecho de asociación se encuentra reconocido por los artículos 16 de la CADH, 22 del PIDCP y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de “Belém do Pará”). Finalmente, el artículo 15 de la Convención sobre Derechos del Niño reconoce ambos derechos. El Estado Mexicano ha ratificado todos los tratados antes mencionados.

Asimismo, en el ámbito de las Naciones Unidas, recientemente se ha emitido un Informe conjunto del relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones.

En el mismo, ambos expertos internacionales han sido enfáticos en señalar que la posibilidad de reunirse y actuar de forma colectiva es fundamental para el desarrollo democrático, económico, social y personal, la expresión de las ideas y la promoción de una ciudadanía comprometida y que las reuniones son también un instrumento mediante el cual pueden expresarse otros derechos sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, lo que significa que desempeñan un papel decisivo en la protección y la promoción de una amplia gama de derechos humanos.

Por tanto, agregó, “desconocer esos derechos y pronunciamientos, implicaría ir en contra de nuestra propia Constitución y de los tratados de derechos humanos de los que nuestro país es parte. Y no sólo eso: castigar a quienes están ejerciendo esos derechos a partir de una genuina preocupación sobre su situación económica, familiar y laboral, refleja una insensibilidad por parte de un gobierno que no ha tenido la capacidad de adoptar políticas públicas adecuadas para garantizar que todos y todas las mexicanas podamos disfrutar de todos nuestros derechos”.

En esta tesitura, “consideramos que la situación social y económica de nuestro país, en este preciso momento histórico, exige acciones concretas en conciliar, y por lo tanto, sostenemos la firme convicción de que las sanciones no forman parte de dichas acciones cuando lo que se busca es un diálogo constructivo”.