Piden frenar violencia contra periodistas

Indicó que los asesinatos de los periodistas David García Monroy, en Chihuahua, y Miguel Angel Villagómez, en Michoacán, la semana pasada, confirma el estado de indefensión no sólo de los comunicadores, sino de la libertad de expresión.

En rueda de prensa, el legislador tabasqueño consideró que hay indiferencia de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión para presentar resultados en materia de procuración de justicia y prevención de esas agresiones.

El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados acusó al crimen organizado, principalmente el narcotráfico, de estar detrás de los homicidios de periodistas.

Lamentó las consecuencias que conllevan los crímenes contra comunicadores, toda vez que la autocensura que se autoimponen mantiene sin información a muchas regiones del país y pidió al Ejecutivo federal y a su gabinete frenar esa ola de violencia.

"Nosotros calculamos que por cada periodista asesinado se callan de 35 a 50 periodistas más en las distintas regiones. Cuando hay un asesinato o desaparición a nivel nacional, este número puede subirse mucho más", expresó en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que no sólo es la muerte de los comunicadores, sino las innumerables violaciones, allanamientos de oficinas, a sus casas, golpes, amenazas a las familias, entre otros efectos colaterales.

Exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a instalar un Congreso Ciudadano que oriente y supervise las acciones para resolver esa situación, como se propuso en el Acuerdo Nacional para la Seguridad.

Priego Tapia propuso que se refuercen técnica y económicamente a las áreas involucradas, como la Fiscalía Especial para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

Asimismo, que los congresos estatales llamen a cuentas a los gobernadores para que exijan acciones, sobre todo en las entidades con índices más altos de delitos, como Tamaulipas, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Chiapas.