Pobres y micronarcos abarrotan cárceles

La problemática penitenciaria en México está fincada en que la mayoría de procesados y sentenciados se encuentran tras las rejas por delitos tipificados como de “sobrevivencia”, es decir los generados por aquellos que empujados por la miseria no encuentran otra opción que la de sumarse a la delincuencia.

Claro ejemplo de ello es que el 50 por ciento de los detenidos por narcotráfico o delitos contra la salud fueron detenidos por comerciar drogas por montos inferiores a mil 250 pesos y una cuarta parte por menos de 200 pesos. En el país, de 1994 hasta 2010, de cada diez personas recluidas cuatro siguen esperando sentencia.

La problemática más grave se da en 13 entidades del país, en cuyos penales existe crisis de sobrepoblación, pues en ellas se conce0ntra el 70 por ciento de los recluidos, debido a que son los lugares donde se encuentran los asentamientos urbanos más grandes del país.

Las cárceles del Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa y Chiapas, son las más superpobladas, por los fenómenos crecientes de delincuencia organizada con delitos de mayor impacto como narcotráfico, tráfico de personas, robo de autos y secuestro, entre otros.

En el fuero común el problema es todavía más complejo, pues tan sólo en 2008 fueron sentenciados 115 mil 227 delincuentes en las 32 entidades, el 81 por ciento (93 mil 720) tienen condenas menores a 5 años, y podrían alcanzar la libertad al cometer delitos de robo y daño a las cosas, calificados de menores.

Dentro del estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados, revela que el 55 por ciento de los internos por delitos del fuero común cumplen sentencia por robo, pero sólo tres de cada 5 merecen estar en prisión por haber hecho uso de la violencia, en tanto 2 de cada 5 deberían de estar en libertad al considerar que robaron sin agredir, empujados por la desesperación y el hambre.

Tal hecho queda demostrado al establecerse que la mitad de los robos lo son por 5 mil pesos o menos, y una cuarta parte por 700 pesos y hasta menos. Aunque en el caso de los delitos federales –narco-menudeo- uno de cada tres sentenciados, desgraciadamente, es reincidente.

“Capacitación” de criminales

En el estudio legislativo se estable como la sobrepoblación genera un caldo de cultivo propicio para la corrupción, junto con el surgimiento de mafias que se apoderan y comercializan los escasos recursos y servicios vitales, así como lo espacios vitales y disponibles, comercializados en muchos casos, como cuartos de “hotel de lujo”, si los reos aspiran a tener una vida más “cómoda”.

El problema de la sobrepoblación también ha repercutido de forma negativa en la clasificación adecuada y separación entre presos de alta peligrosidad con quienes cometieron delitos menores, lo cual ha imposibilitado a cumplir cabalmente con lo que marca el artículo 18 Constitucional, el cual establece que la prisión preventiva tendrá que realizarse en un lugar separado y distinto del destinado a la extinción de penas.

Estos fenómenos también favorecen, además la socialización de contactos y prácticas delictivas entre los internos, crisis recurrentes generadas por la mal entendida práctica del autogobierno, en que los delincuentes más peligrosos y con poder económico, se apoderan de las prisiones y anteponen su poder sobre el de las propias autoridades carcelarias, situación que ha permitido que desde el interior de los penales se planeen y ejecuten actos delictivos extramuros.

Ante este problema, de acuerdo al IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, se da cuenta de diversas obras de remodelación realizadas en dos centros federales, los trabajos para transformar cuatro cárceles estatales en federales, la construcción de un cuarto de máxima seguridad en Papantla, Veracruz, y la elaboración de proyectos para construir doce centros penitenciarios federales con capital público y privado.

En el mismo informe presidencial se señala que los nuevos penales se distribuirán en 12 polígonos en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y zona metropolitana que abarca al Distrito Federal y a los estados de México e Hidalgo, con incrementos substancial en delitos del fuero común y federales.

Con ello –dice en su informe el presidente- en 2010 se recuperaron 4,328 espacios y en corto plazo –se afirma- se espera contar con poco más de 11 mil espacios, mientras en el largo plazo se espera ampliar a 32 mil 500 con la construcción de nuevos penales.

Hacia los estados también han llegado recursos federales para apoyar la ampliación y construcción de nuevas cárceles en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, amén de que en breve entrarán en vigor las modificaciones para evitar en la medida de los posible, la prisión preventiva, la cual sólo afectará a reincidentes de delitos graves, delincuencia organizada, o cuando otras medidas no aseguren la adecuada conducción del proceso penal.

Esto tendrá el propósito de evitar la saturación de las cárceles con reos en proceso y evitar la convivencia de primodelincuentes con delincuentes profesionales, acciones que dicen, tendrán el objetivo la reinserción social y el solo aislamiento de delincuentes incorregibles o peligrosos.

Sin duda –reza el estudio- el problema es complejo por la impunidad que prevalece en la comisión de delitos graves, situación a la que se añade que los delincuentes con poder económico, fácilmente recuperan su libertad, mientras aquellos recluidos por delitos de “sobrevivencia”, por su pobreza y las de sus familias, defendidos por abogados de oficio, permanecen en prisión.

Otra vez la “privatización”, en esta ocasión de las cárceles, se torna en la panacea para solucionar el problema, pero hasta el momento se ignora la forma en que se van a administrar las prisiones, al convertirse en otro negocio del sector privado, que como ha ocurrido con otros procesos de privatización en el país, los resultados demuestran, que han resultado fallidos.