Policía Estatal única

Al inicio de su gobierno, el presidente Felipe Calderón inició una Guerra contra la delincuencia organizada que ya para fines del sexenio de Fox había avanzado en todo el territorio nacional sobre regiones en donde las policías municipales y estatales no pudieron hacer frente a quienes violaban leyes federales y locales cometiendo delitos del fuero federal y común. De hecho, los gobernadores de los Estados pidieron la presencia del Ejército Mexicano para poder cuando menos emparejar el poder de fuego de los cárteles del narcotráfico, que ya para mediados de esta década incursionaban hasta en delitos como el secuestro, la extorsión y el robo con violencia, que deberían ser combatidos por las autoridades estatales.

Al ver la falta de coordinación entre los cuerpos policiales de la Federación, de los Estados y de los municipios, de inmediato se pensó en la formación de una policía nacional única al mando del presidente de la República. Los gobernadores de los Estados de inmediato alegaron violación a la soberanía estatal y se opusieron a esta primera idea. Después los gobernadores sugirieron que se constituyeran 32 policías estatales únicas bajo el mando del gobernadores. Hubo algunos alcaldes sobre todo de los municipios grandes de la Republica que de inmediato invocaron la violación al artículo 115 constitucional al pasar sobre la autonomía municipal. El senador panista Ramón Galindo Noriega, alertó sobre el riesgo de entregar a los gobernadores, muchos de ellos, auténticos caciques, el poder policiaco total, en detrimento de la célula básica de la administración política como lo es el municipio libre.

El presidente de la Republica es el principal promotor de esta idea de las 32 policías estatales únicas e incluso en estos momentos, esta en el Congreso de la Unión la iniciativa de ley que crea esta estructura policiaca.

Cuando el Estado le quita facultades a los municipios hay conflicto. Cuando la Federación le quita facultades a los Estados hay Conflicto. En este caso, abra conflicto. Por lo pronto en el Estado de Chihuahua, solo quedaran dos policías municipales en pie, la de Juárez y la de Chihuahua capital. La seguridad pública a nivel preventivo de 65 municipios quedara a cargo directo del gobernador del Estado.

Como ejemplo de que habrá conflicto por la invasión de facultades por parte de los gobiernos de los Estados a los gobiernos municipales, tenemos el caso del Distrito Federal, en donde el Secretario de Seguridad Publica puede ser nombrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero deberá ser ratificado por el presidente de la República. Cuando se presenta una crisis de seguridad publica en la Ciudad de México, el presidente de la Republica puede quitar al jefe policiaco, sin siquiera consultar al alcalde la capital de la Republica. Este marco legal ha sido causa de múltiples casos de choque político entre las autoridades federales y locales y éstas últimas de manera permanente y recurrente demandan una reforma política que brinde autonomía total al pueblo y al gobierno del Distrito Federal.

Para finalizar, siendo obvio que la inseguridad publica mantiene a la nación en estado de guerra, es lógico que los mandos policíacos deben estar unificados para hacer frente al grave problema que tenemos, y que se justifican medidas excepcionales que dejarán al Federalismo a un lado, mientras pasa la emergencia y se den las condiciones de paz, para que las instituciones funcionen de manera normal y democrática, pero, en ningún momento, ni la Federación, ni los Estados, ni los legisladores o los poderes judiciales han dicho que la constitución de las 32 policías estatales únicas sean una medida temporal, mismas que desaparecerán en el momento en que se restablezca la paz en los Estados que hoy viven momentos críticos de seguridad publica.