Políticas juvenicidas

Ser joven en Chihuahua significa que esta posibilidad se va a incrementar cinco veces más que en cualquier otra entidad de la República.

Luego de la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar, a finales de enero de 2010, empleamos el término juvenicidio para sintetizar lo que la guerra contra las drogas de Felipe Calderón estaba significando para las familias mexicanas. Hoy se justifica plenamente el empleo de dicho término al leer las estadísticas que acaba de publicar el INEGI sobre las causas de fallecimiento de los jóvenes entre 15 y 29 años.

Antes de esta ofensiva federal y estatal contra el crimen organizado, los accidentes automovilísticos eran la primera causa de muerte entre los jóvenes (Chihuahua ya figuraba entre los primeros lugares en este aspecto), y la muerte por asesinato incluso había mostrado una baja a partir del años 2000 y hasta el 2005. Sin embargo, los homicidios de jóvenes empiezan a hacerse más y más frecuentes a partir de los operativos calderonianos contra el narcotráfico, al punto que en el 2009 pasaron a ser la primera causa de muerte entre nuestros muchachos a nivel nacional: mientras que en 2007 fueron ultimados dos mil 977 jóvenes, para el 2009 la cifra ascendió a siete mil 348, un incremento de 147% en tan sólo dos años. (El Universal, 12 de septiembre).

Pero en Chihuahua, el aumento de los juvenicidios fue de horror; de 2007 a 2010 se disparó de 201 jóvenes a mil 647: un 719% es decir, en nuestro estado fue ultimado un número de jóvenes casi cinco veces mayor a la media nacional. Y eso INEGI aun no contabiliza el 2010, el año en que más homicidios dolosos se presentaron en nuestra entidad.

Estos datos se entrecruzan con otros que acaba de proporcionar la oficina de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en México. Según ellas nuestro país es el tercer lugar de los miembros de esa organización en cuanto a porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que no están en el sistema educativo ni cuentan con un empleo en la economía formal: siete millones 226 mil jóvenes de México, el 20.9% de ese estrato de población, se encuentran en esa situación, lo que nos coloca como el antepenúltimo lugar de la OCDE, sólo por encima de Israel y Turquía y muy por debajo de un país que podría resultar comparable al nuestro: Brasil.

(OCDE, Panorama Mundial de la Educación 2011)

Chihuahua venía “pintando” ya en estas cifras tan negativas desde el 2007.

Desde aquel año en un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), nuestro estado figuraba en primer lugar a nivel nacional en cuanto a número de adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan. También éramos los primeros en cuanto a porcentaje de muertes violentas de jóvenes. Así lo advertimos en un artículo en la revista Aserto, pedíamos que se observaran los focos amarillos.

Nada se hizo y los focos amarillos se tornaron rojos, muy rojos, como vemos ahora. Es muy lógico que si a los jóvenes no se les brindaron durante muchos años suficientes y adecuadas oportunidades de ingresar al mercado de trabajo de manera digna o de mantenerse en el sistema educativo, ellos hayan sido presas del reclutamiento de la delincuencia organizada por desesperación o por falta de mecanismos de protección y contención social, como son la familia y la escuela. Ahí están parte de las raíces socioeconómicas y políticas de la violencia juvenicida.

Pero no se puede descuidar un factor más inmediato: la estrategia decidida por Calderón y los gobiernos estatales de Chihuahua en contra del crimen organizado. La correlación es muy clara: a mayor presencia de los “operativos conjuntos” de las fuerzas federales y estatales, mayor número de muertos, sobre todo jóvenes. No sólo eso, mayor también incidencia de atropellos a los derechos humanos de los jóvenes por parte de militares y policías: desapariciones forzadas, detenciones ilegales, torturas, asesinatos. Esta guerra no sólo tiene a los jóvenes como “víctimas colaterales” muy centrales, sino que criminaliza a las personas, las considera sospechosas por el simple hecho de ser jóvenes.

Qué país, qué estado. Aquí tanto la política económica, como la social, como la estrategia de seguridad resultan matadoras de jóvenes, juvenicidas.

P.S: ¿Por qué el número telefónico 072 de la oficina de quejas de la Presidencia Municipal de Chihuahua nunca contesta? ¿Habrán adquirido un software que los blinda de las molestas quejas ciudadanas?