Buscan regular labor del Ejército

Distrito Federal– Lejos de acercarse el fin de la violencia en México, “el esfuerzo nacional de contención al crimen organizado, va para mucho tiempo”, y por ello se prepara una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para integrar el concepto de Seguridad Interior para que los militares puedan actuar “con instrucciones de zona y tiempo determinado”, dijo el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Ardelio Vargas Fosado (PRI).

El legislador rechazó las críticas de que las fuerzas armadas han fracasado contra el narcotráfico. Dijo que si el gobierno federal no hubiera enfrentado desde el principio, este cáncer hubiera crecido más, respecto del tamaño que evidencian los grandes decomisos de drogas, armas y detenciones de cabecillas.

Ardelio Vargas Fosado, en entrevista con este diario señaló que el Estado mexicano en su conjunto debe actuar de manera coordinada contra los cárteles, en acciones efectivas de ataque a las sólidas estructuras financieras de los delincuentes, al trasiego de armas y al mercado de drogas interno, como lo expone el director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Benito Medina.

Afirmó que la reunión ministerial de México y Estados Unidos en materia de seguridad, que se llevará a cabo este martes en la Ciudad de México, es una oportunidad de coordinación bilateral, hacia acuerdos que en otras reuniones se han avanzado para su concreción.

Sobre un eventual repliegue de las fuerzas armadas a sus cuarteles, como o piden diversos sectores, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseveró que en cuanto las policías locales puedan garantizar a la población paz y tranquilidad, las tropas se irán retirando o se desplazarán a otras zonas de la república donde sea necesaria su actuación.

Estuvo de acuerdo con el brigadier Benito Medina en la jerarquización de los puntos a atacar: Estructura financiera, abasto de armas y mercados de consumo en México.

Gran parte de los problemas que tenemos en el país se deben a la capacidad de fuego de los traficantes de drogas, que obtienen de la introducción ilegal de armas.

Casi 90% de las armas que han sido decomisadas son nuevas y fueron compradas legalmente en establecimientos de Estados Unidos. Esto ha quedado documentado en el decomiso de 80 mil armas largas y cortas, además de granadas.

Por lo que respecta a la estructura financiera de los cárteles, está intocada, y es por ello que los grupos se reactivan a pesar de que sus líderes son detenidos, y hay grandes cantidades de decomisos de drogas y armas.

El dinero en efectivo que sale de Estados Unidos paga la estructura criminal en México y en otros países y se trata de cantidades enormes que salen de sus fronteras de manera ilegal.

Atacar el lavado de dinero requiere por parte de México de resultados efectivos de las Unidades de Investigación de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República, dijo Vargas Fosado.

En el aspecto del consumo, esa es un área de estrategias que es relevante, primero en el territorio de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, y por lo que toca a México, también en el lado nuestro hay demanda.

Las organizaciones criminales están en choque “por estrechamiento de mercados y se están ajustando a su manera violenta”.

El problema, pues, agregó, “va para mucho tiempo y debemos verlo de manera integral. NO se trata de un asunto de policías y soldados y de más armas y sólo de agregar capacitación: Es un problema al que todo el Estado mexicano debe entrarle, cada quien desde su tramo de responsabilidad”.

Pese al combate decido contra el crimen organizado, “las organizaciones criminales siguen funcionando igual, porque sus estructuras financieras son muy sólidas y han permanecido intocadas”.

En ese sentido, “necesitamos una nueva estrategia para entrarle realmente a lo que es el impacto de las estructuras financieras de las organizaciones criminales”, con esfuerzos de la Secretaría de Hacienda y la PGR.

Por lo que toca al poder Legislativo, “debemos aportar un marco jurídico robusto, en aspectos operativos, para que la coordinación interinstitucional sea efectiva, y que cada uno de los involucrados cumpla con el tramo de responsabilidad que le corresponde”.

En el Congreso debemos ver cómo procuramos que las policías municipales asumen su responsabilidad y que no estén al revés; cómo propiciamos para que las policías estatales y ministeriales estén en una situación adecuada; cómo organizamos el sistema para que todas las operaciones vayan en el mismo sentido, tanto del poder Legislativo, como los demás grupos de la administración pública y del Estado mexicano.