“Profesionalizan” bandas el robo de combustible

Distrito Federal─ El robo de combustible es controlado por cinco organizaciones criminales que tienen presencia en al menos 13 entidades de la República, algunas de las cuales proveen de recursos a los cárteles de la droga.

En el último año, según fuentes confiables de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la incidencia de este delito ha crecido en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, estados donde se concentra 70% de la sustracción ilegal de dicho recurso en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Antes, poco más de la mitad del robo de combustible ocurría sólo en Veracruz.

En esas cuatro entidades, aseguran informes de inteligencia, Los Zetas, el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, organizaciones dedicadas al narcotráfico, han visto en el robo de hidrocarburos una fuente fácil y rápida de financiamiento, pues las bandas que sustraen dicho producto de manera ilegal les pagan por derecho de piso y protección.

Señalan también la dificultad de perseguir este delito, porque las células de las bandas que llegan a ser desarticuladas emigran hacia otras entidades o reaparecen después de un tiempo de inactividad.

Informes a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL explican que en el robo de combustible intervienen empleados y ex empleados de Pemex, los cuales dotan a las organizaciones delictivas de diversos materiales, como los mapas de la red de ductos, para identificar las zonas más vulnerables, válvulas y conexiones necesarias para la “ordeña”, así como los horarios y lotes de producto que serán distribuidos. Todo ello con la complicidad de algunos policías municipales, estatales y federales, a quienes también pagan para que les brinden protección.

El secretario de Energía, Jordy Herrera Flores, quien preside el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, manifestó hace algunas semanas que el robo de combustibles en el país “ya se volvió alarmante”, pues ese delito ocasiona pérdidas cercanas a los 12 mil millones de pesos.

Arturo Zamora, diputado federal del PRI e integrante de la Comisión de Justicia, asegura que en los últimos seis meses el robo de combustible aumentó 69%, con relación a lo sustraído entre enero y julio del 2010. En ese periodo se robaron un millón 77 mil 900 barriles y hasta julio de este año, la cantidad aumentó a un millón 819 mil 416.

El legislador, promotor de una reforma al Código Penal para que se castigue este delito con 18 años de prisión, señala que lo robado hasta ahora equivale a 20 mil barriles diarios y que las pérdidas económicas para Pemex representan 3 mil millones de pesos.

Los reportes de los equipos de Seguridad Pública que combaten este delito advierten que, además de las pérdidas económicas que representa este robo, hay riesgos cada vez mayores de que ocurran accidentes en las poblaciones por donde atraviesan los ductos, pues las ordeñas son más recurrentes y esto debilita la infraestructura.

El origen

Investigaciones coordinadas en varios estados del país por las dependencias encargadas de combatir el robo de hidrocarburos (Ejército, Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República), indican que la comisión de este delito tiene su origen en los años 90, en el estado de Veracruz, luego de que en 1988 y 1989 se produjo un despido masivo de empleados de Pemex Refinación. Algunos de esos ex trabajadores encontraron en la instalación de tomas clandestinas una nueva forma de obtener ingresos.

Un caso representativo es el de Francisco Guizar Pavón, también llamado El Rey de las Gasolinas, originario de Tierra Blanca, Veracruz, y empleado en el área de Exploración y Producción, de donde fue dado de baja hace 16 años. Desde entonces, él y sus familiares se involucraron en el robo de combustible hasta convertirse en una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en el país: Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Coahuila.

Al principio, dice el informe, los robos eran casi indetectables y el producto se empleaba para llenar los tanques de vehículos particulares o para venderlo en pequeñas cantidades hasta que se convirtieron en organizaciones criminales que distribuyen el combustible a gran escala. El material empleado para la instalación de las tomas clandestinas también era rudimentario, pero desde que el volumen de lo sustraído comenzó a aumentar, una organización delictiva puede llegar a invertir hasta 4 millones de pesos en la extracción, almacenaje y distribución de los hidrocarburos robados.

El mapa del delito

Las entidades de la República donde se ha detectado el robo de hidrocarburos se clasifican por zonas. En el norte, el delito se comete en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En el Pacífico, se ubica a Sinaloa. En el centro, al Distrito Federal, el Estado de México e Hidalgo. En el Bajío, Querétaro, Guanajuato y Jalisco y en el Golfo-Sur a Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En esas entidades, cinco organizaciones son perseguidas por estar involucradas en este ilícito, tres de ellas han sido desarticuladas y dos más están en proceso de investigación.

Una de las bandas desmanteladas era lidereada por Miguel Ángel Almaraz, ex diputado federal detenido en marzo de 2009 en Tamaulipas. El robo lo cometía en los campos de recolección en la Cuenca de Burgos y el producto lo ingresaba a Estados Unidos por medio de pipas. Al momento de su detención, se le aseguraron 149 cuentas bancarias en las que se detectaron movimientos por 46 millones de dólares y 750 millones de pesos entre el 2007 y el 2008.

Otra banda también desactivada es la denominada Los Carcachos, la cual operaba en el Valle de México y cuyos 16 de sus miembros han sido detenidos, entre ellos, a Héctor García García —consignado el 29 de junio pasado— presunto líder financiero de la organización. El se encargaba de administrar dos gasolineras en las delegaciones Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc; dos verificentros en Naucalpan y Tlalnepantla y dos centros nocturnos llamados Exxess también en el DF y en el Estado de México.

La tercera es la de Francisco Guizar Pavón, alias El Rey de las Gasolinas, quien coordinaba sus operaciones desde Nuevo León y tenía presencia a nivel nacional. Algunas de las tomas clandestinas instaladas por los integrantes de esta organización se localizaron en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Jalisco, donde disponían de equipo para la extracción, autotanques para transportar el producto, inmuebles para almacenamiento y contenedores para diesel y gasolina. Guizar Pavón fue detenido el 12 de junio del 2010 y declarado formalmente preso el 27 de julio de 2010, en el penal estatal de Puente Grande, Jalisco, donde también se encuentran recluidos siete de sus colaboradores, entre ellos, tres familiares.

Otra banda recién desarticulada en una de sus células es la denominada Robavacas, con mayor influencia en el Estado de México y Guanajuato. Los reportes de inteligencia que llevaron a su localización indican que opera de forma similar a las células del narcotráfico, pues cada elemento tiene asignada una función de acuerdo con su experiencia y habilidad, desde el líder de la célula hasta los encargados de hacer las tomas clandestinas, los cuidadores de almacenes y los encargados de pipas robadas o clonadas. Ninguno de los integrantes se conocen entre sí. A finales de septiembre, en Guanajuato, la Policía Federal y personal de Pemex, detectaron una toma clandestina instalada en el interior del balneario Casa Verde, donde se almacenaban 100 mil litros de crudo, “sin importarle a la organización la seguridad de los visitantes”, señala el reporte.

Sin embargo, pese a la desarticulación de sus células, dichas organizaciones optan por reaparecer tiempo después en el mismo estado del país aunque ya no cuenten con el mismo soporte logístico, operativo, financiero y de protección o bien, emigran hacia otra entidad o se alían a otra organización delictiva.

“Se cuenta con información confirmada de que algunos integrantes de estas organizaciones se trasladaron a Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, lugares donde desde principios de este año se observa un incremento en el robo de hidrocarburos”, asegura el informe de inteligencia.

Operación financiera

Los expertos en seguridad señalan que debido a la proliferación de las tomas clandestinas de combustile, la mejor forma de acabar con este ilícito es atacando la operación financiera de las organizaciones delictivas.

El reporte explica al respecto que el dinero obtenido por la venta de gasolina robada se reinserta o lava a través de gasolineras y otras empresas constituidas legalmente.

La banda de Los Carcachos, por ejemplo, rentaba bodegas cercanas al derecho de vía en zonas industriales del DF y el Estado de México y para ello utilizaba datos falsos o prestanombres en contratos para pago en efectivo o en periodos de tres o seis meses.

Desde las bodegas accedía a los ductos de Pemex por medio de túneles construidos por debajo de los parques industriales y la derivación de las mangueras eran instaladas por empleados de la paraestatal contratados por la organización delictiva.

El producto era almacenado en pipas escondidas en el interior de bodegas rentadas y era trasladado al lugar de venta en camiones de tres y media toneladas o cajas secas de tráiler. El combustible robado era vendido a gasolineras u otro tipo de empresas que lo consumían o revendían. Toda transacción se hacía con dinero en efectivo.

Compradores, bajo la mira

Entre los compradores de combustible robado en general están las gasolineras, empresas de transporte de carga de materiales peligrosos, constructoras o fábricas de material de construcción, papeleras y cartoneras, distribuidores de gasolina, diesel, lubricantes y aditivos y empresas asfaltadoras.

En junio pasado, el gobierno federal efectuó un operativo para desactivar una red dedicada a la distribución y comercialización de petróleo crudo en el que se aseguraron 13 mil barriles y se inició un proceso contra algunas empresas como Energéticos Ecológicos Miga, Grupo Papelero Scribe y Mosaicos Venecianos de México por estar supuestamente involucradas en la compra de hidrocarburo obtenido de manera ilegal.

Este diario consultó a dichas empresas. María Fernanda Buergo, abogada de Energéticos Ecológicos Miga, ubicada en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, informó que efectivamente fueron investigados por ese motivo “pero no nos han fincado ninguna responsabilidad porque compramos aceites residuales y tenemos todos los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se requieren”. El Grupo Papelero Scribe, por medio de su relacionista pública, Marta Mejía, aseguró que hay una investigación en curso, cuyos resultados “no tienen por qué afectar o señalar a la empresa dado que se tienen los permisos de Semarnat y todos sus proveedores están debidamente certificados”. Héctor Guajardo, gerente administrativo de Mosaicos Venecianos de México, informó que también se hicieron indagatorias en esta compañía pero “nosotros demostramos que no tenemos nada que ver porque en nuestro proceso de producción no empleamos esos combustibles”.

Fuentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguran que al mismo tiempo están en proceso diversas intervenciones fiscales y auditorías en contra de gasolineras y empresas identificadas como compradoras de diesel, gasolinas y petróleo crudo robado, cuyos estados financieros reflejan una disminución significativa en sus adquisiciones a Pemex.