Rechazan Jueces presentarse ante Congreso

Consiguieron llamar la atención nacional, se dijeron inocentes y acusaron al Ministerio Público; buscan el amparo de la justicia federal en contra de la suspensión de labores que les impuso el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y ante el juicio político iniciado en su contra por el Congreso del Estado los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga advirtieron que no acudirán a presentar pruebas ante el Poder Legislativo.

La razón de su determinación es que simplemente no es un juicio político, sino un “linchamiento político”, además de que sostienen la improcedencia del procedimiento iniciado en su contra. Un poder no puede intervenir en otro, afirman.

Sin embargo, aunque sectores de abogados han respaldado a los jueces suspendidos, tienen en contra las expresiones del propio presidente, quien criticó su actuación por considerar que no fue a favor de la justicia, sino que utilizaron los tecnicismos legales para justificar su actuación.

En contra de ellos la activista Isabel Miranda de Wallace los acusó de actuar con insensibilidad ante los derechos de la víctima y de las evidencias presentadas por la Fiscalía.

Apoyada en un video de la audiencia oral en contra de Sergio Rafael Barraza, Isabel Miranda los acusó de mentir al sostener que no tuvieron en sus manos elementos suficientes para condenar a Barraza, pues afirmó en contrario que tuvieron lo necesario para haber encarcelado a Barraza Bocanegra por el homicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo.

El litigio continuará por largo tiempo, pero más que los jueces el que parece estar siendo enjuiciado es el actual sistema de justicia penal de Chihuahua, poniendo en entredicho su eficacia y la preparación de sus operadores para poder enfrentar este tipo de casos.

En tanto, la tarde del jueves pasado la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado inició su tarea de notificar a los tres jueces el inicio del proceso de juicio político instaurado en su contra, pero con el pequeño problema de no contar con los domicilios donde entregar la notificación a los juzgadores.

Algo sencillo de resolver, pues el centro del problema amenaza la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en el estado.