Redada de narcopoliticos

Personal del Ejército mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) aplicaron un operativo armado en por lo menos 13 municipios de Michoacán; se obtuvo información de que 27 servidores públicos —entre ellos 10 alcaldes y una asesora del gobernador Leonel Godoy, así como altos funcionarios policiacos— podrían estar vinculados con el grupo delictivo autodenominado La Familia.

“Sabemos que brindaban protección a diversos entes de La Familia Michoacana, sabemos de muchas de las actuaciones que ellos estuvieron realizando para proteger de una manera u otra (las operaciones delictivas de este grupo).

“En algunos casos (apoyaban) de manera táctica; en otras operaciones, de manera técnica, y en otras, dando información. Pero específicamente, para poder nosotros empezar a cuadrar esa información, requerimos tener la declaración de ellos y conocer el punto donde específicamente pudieran estar involucrados”, informó Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR.

La operación se realizó de manera simultánea y la información táctica de aseguramiento se clasificó de alta seguridad. La administración del gobernador Leonel Godoy Rangel fue excluida de la estrategia de inteligencia, que se realizó durante los últimos seis meses.

Los informes federales señalan que desde el gobierno central michoacano presuntamente se protegían las operaciones del narcotráfico; por ello se cumplimentaron órdenes de localización y presentación contra Citlalli Fernández González, actual asesora del gobernador Godoy y ex secretaria de Seguridad Pública estatal.

Ricardo Rubí Bustamante, actual director de Fomento Industrial de Michoacán, fue también detenido por esta investigación. Igualmente fueron asegurados, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, y Dionicio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas del municipio de Arteaga.

En la investigación también se reporta la infiltración de la delincuencia organizada entre altos mandos de seguridad estatal; en este operativo fue detenido Ramón Ponce Ponce, coordinador de asesores del procurador de la entidad y ex subprocurador del estado.

Además, Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial y ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Victorino Jacobo Pérez, director de Seguridad Pública del municipio de Arteaga, y Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío, quienes presuntamente fueron comprados para favorecer las operaciones de La Familia Michoacana.

En la lista de detenidos también se identifica a Gabriela Mata Chávez, jefa de grupo de la Policía Ministerial de Morelia; Irlanda Sánchez Román, jefa de grupo de la Policía Ministerial de Morelia; José Lino Zamora Hernández, encargado de la comandancia de Lázaro Cárdenas; Noé Medina Martínez, primer comandante en Protección Ciudadana, Policía y Tránsito de Morelia.

La operación se extendió a Zitácuaro, donde fue asegurado Faraón Martínez Molina, primer comandante regional de esa zona. En el municipio de Lázaro Cárdenas fueron detenidos Alfredo Ramírez García, jefe de grupo de la Policía Ministerial; Antonio Sánchez Gaytán y Baldomero Morales Rivera, policías municipales.

Entre las personas aprehendidas por su presunta participación en actividades ilícitas se encuentra también Jaime Liera Álvarez, juez de primera instancia en el municipio de La Piedad y quien también es identificado como ex subprocurador de Justicia de Michoacán.

Durante el seguimiento que se realizó de las operaciones ilícitas y posibles concesiones para beneficiar la venta y distribución de droga en Michoacán se obtuvo información que involucra a 10 presidentes municipales.

Entre ellos se ubica a Genaro Guizar Valencia, presidente municipal de Apatzingán (PRD); Uriel Farías Álvarez, alcalde de Tepalcatepec (PRI), y Antonio González Rodríguez, presidente municipal de Uruapan (PAN).

La lista de personas aseguradas también incluye a Jairo Germán Rivas Páramo, alcalde de Arteaga (PRI), y al edil priista de Coahuayana, Audel Méndez Chávez.

También se detuvo al priista José Cortez Ramos, munícipe de Aquila; Osvaldo Esquivel Lucatero, edil de Buenavista (PRD); José Luis Ávila Franco, presidente municipal de Hidalgo (PAN); Adán Tafolla Ortiz, presidente municipal de Tumbiscatío, de la coalición PAN-PRI-PVEM, y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, edil de Zitácuaro (PRI).

La situación jurídica de todos los presentados se definirá en un periodo de hasta 96 horas, en caso de que se encuentren elementos de prueba sobre su presunta participación en actividades de delincuencia organizada.

Por el momento no se descarta ampliar las investigaciones contra el actual gobernador de Michoacán y su antecesor en el Ejecutivo estatal, Lázaro Cárdenas Batel, ya que las indagatorias están en proceso.

Sin embargo, el vocero de la PGR señaló que, hasta el momento, no cuentan con ningún elemento de prueba que refiera la participación de ambos en actividades de delincuencia organizada.

Sin precedentes
El operativo militar no tiene precedentes en la entidad natal del presidente Felipe Calderón ni en el país.

Fue cerca de las 7:00 horas que iniciaron las maniobras: el primer detenido fue Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial y ex titular de la SSP. Se lo llevaron de su casa, sin mayores problemas, porque él mismo ordenó a sus escoltas no intervenir.

Después se supo del cateo a la casa de la ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández González, quien hasta hoy funge como asesora del gobernador y a quien anoche Leonel Godoy, en entrevista televisiva con Joaquín López Dóriga, dijo conocer desde que ella tenía 14 años y dio fe de su integridad.

Después, a las 9:30 horas, se conoció de los operativos simultáneos para capturar a diez presidentes municipales; la operación fue aplicada por el Ejército mexicano y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, y no hubo violencia, salvo la fugaz resistencia de Genaro Guizar Valencia, alcalde de Apatzingán.

Los munícipes de la zona de Tierra Caliente fueron trasladados a la base de las fuerzas federales ubicada en el aeropuerto de Apatzingán, donde los esperaba un helicóptero de la SIEDO para su traslado a la Ciudad de México