Relegan adicciones por lucha antinarco

Distrito Federal— En el último día de debate sobre la regularización de la mariguana en el país, especialistas y legisladores coincidieron en que la política del Gobierno federal destina el 95 por ciento del total de los recursos para combatir el tráfico y comercialización de las drogas, pero sólo el 5 por ciento para la rehabilitación de los dependientes.

Asimismo, señalaron que la llamada Ley contra el Narcomenudeo, promovida por el gobierno de Felipe Calderón, criminaliza a los consumidores al imponerles penas carcelarias por el uso de algunas sustancias, las cuales en lugar de rehabilitarlos los acercan a mafias más avanzadas en su estancia en la cárcel.

Durante su participación en el Foro sobre el tema realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el doctor en leyes Alejandro Madrazo Lajous destacó que en la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal al Senado de la República, en donde actualmente está siendo estudiada, se encuentran dos problemas: el primero, las dosis mínimas establecidas para considerar consumidor al portador de la droga y, en segundo, la posibilidad de declararse, únicamente, adicto o delincuente.

“La definición de narcomenudeo es en función del monto, y los montos que se proponen son ridículos, pues son sumamente bajos; en el caso de la cannabis son 2 gramos, pero cualquiera que haya siquiera platicado con un usuario o adicto a la cannabis, estamos hablando de que estos montos son verdaderamente irrisorios”, destacó.

Además, afirmó, cuando se le encuentra esa cantidad o menos al usuario “se le obliga a que se califique como un enfermo o como un delincuente, es decir, quien porta dos gramos o menos, se declara enfermo o se va a la cárcel”.

Otro de los problemas de la iniciativa calderonista, explicó el especialista, es la falta de distinción entre usuario y adicto “y es un error grave confundirlos, porque tienen necesidades distintas, de entrada estaríamos orientando los escasos recursos que tenemos para el tratamiento al enviar ahí a los usuarios”.

Madrazo Lajous precisó que “los usuarios no necesitan tratamiento, los adictos sí. Y no todos los usuarios son adictos, al contrario, la mayoría de los usuarios no son adictos”.

De hecho, subrayó, la mariguana tiene un nivel de adicción similar al de la cafeína, al contrario de otras sustancias como el tabaco, el cual es tan adictivo como la heroína, “ahí sí, la mayoría de los usuarios son adictos, pero en la cannabis no es el caso”.

Entonces, insistió, “estaríamos desperdiciando los pocos recursos que nuestros adictos sí necesitan para la rehabilitación en calificar como enfermos a los usuarios”.

Agregó que “se nos dice que es una iniciativa que penaliza el narcomenudeo, aunque en realidad penaliza el consumo porque o se declara enfermo o se declara criminal, pero supongamos, de buena fe, que no se trata de penalizar al usuario sino al narcomenudista. ¿Quién es el narcomenudista en el país? Es normalmente joven marginado, usuario o adicto, que recurre al narcomenudeo como parte de su uso o como parte de su adicción. Son los jóvenes pobres de la sociedad”, destacó.

De esta manera, afirmó, con la mencionada ley no se acabaría con el narcomenudeo, “porque si cuando cortan la cabeza de un capo aparecen cinco más, imaginen ustedes la de los narcomenudistas”.

Aseguró que tampoco se va a resolver el problema del narcotráfico, “lo que sí va a hacer es desgarrar el tejido social de nuestras zonas marginadas, va a marginar a nuestros jóvenes alejándolos de la institucionalidad; a los que son adictos a alejarlos de ir a buscar ayuda a los centros de integración juvenil, y los va a acercar a los grupos delictivos y a las redes que están arriba de ese narcomenudeo para participar en la delincuencia organizada”.

Por ello, dijo, en cuanto a la penalización y legalización de la mariguana “quiero decir que los extremos se tocan a nivel de daño; la penalización total y la liberalización total son funcionalmente equivalentes, pues en ambos lados el Estado está renunciando a controlar y regular los usos de la sustancia”.

“En uno lo está entregando a la buena del mercado negro y en otra lo está entregando a la buena del mercado formal, en ambos casos deja de controlar la calidad de la sustancia, los sitios de distribución e, incluso, las modalidades de consumo”, señaló.

Un ejemplo, dijo, es el tabaco: “lo que hemos hecho es pasar de la libertad total del mercado en la venta y uso, a una regulación del mismo, lo que estamos proponiendo es que nos demos la posibilidad de mover también a otras sustancias del extremo hacia el centro de la regulación, es decir, que pasemos de la prohibición total a la regulación efectiva, de forma tal que el Estado pueda controlar las distintas modalidad de consumo, distribución y producción y no quede a la buena de los grupos delictivos”.

En este mismo sentido se pronunció el legislador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Víctor Hugo Círigo, uno de los impulsores para despenalizar el consumo de la mariguana, quien destacó que el Estado mexicano debe considerar el tráfico de drogas ilegales y la narcodependencia como asuntos de salud pública y no con carácter policiaco.

Al participar en el Foro el diputado local señaló que “en lugar de enfrentar con las balas a los narcotraficantes de una vez se desarme su negocio al hacer lícito el consumo y comercio de la cannabis, con reglas claramente establecidas”.

En ese sentido, resaltó la importancia de la iniciativa que presentó ante la ALDF para regular el tráfico y los diferentes usos de la cannabis, ya que considera que la política pública prohibicionista ha sido equívoca, por lo que se debe orientar y sustentar en un marco regulatorio.

Destacó que en el contenido de dicha propuesta está la eliminación del artículo 237 de la Ley General de Salud para la siembra, cultivo, elaboración, preparación, adquisición, posesión, comercio, transporte de la cannabis en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo.

Círigo Vázquez señaló que el Consejo de Salubridad General debe dictar las medidas respecto al uso terapéutico de la planta y que haya énfasis en la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos en jóvenes que se encuentran cursando la educación básica y media superior al considerar que la prevención es labor fundamental del Gobierno federal.

“Queremos un debate público, abierto, alejado de prejuicios y falsas morales para que sea una alternativa a la inseguridad y a la violencia que acarrea el narcotráfico; nada mejor para atacar el problema que poner a la luz los argumentos y la objetividad”, concluyó.

INSISTEN EN USO MEDICINAL
La doctora María Elena Medina-Mora Icaza, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, planteó que el análisis de la utilidad médica de esta planta debe desligarse de argumentos de legalización.

“Los dos debates son muy importantes, pero obedecen a principios diferentes y no debemos oscurecer uno con el otro ni utilizar un argumento de uno para el otro, sino ver qué dice la evidencia y dónde estamos”.

Se debe regular de manera global, porque parcialmente llevaría a complicaciones importantes. Los riesgos son muchos y muy importantes: dependencia, alteración de la memoria, atención, juicio y funciones cognitivas, afecta la coordinación, aumenta el ritmo cardiaco y el déficit cognitivo es duradero.

Dijo que la morfina, que es derivada del opio, es el mejor analgésico que existe y cuenta con reglamentos para permitir su uso médico, lo cual debe considerarse en caso de que se decida permitir el uso médico de la cannabis.

Afirmó que México cuenta con investigadores de gran reconocimiento que pueden hacer ensayos clínicos y destacó la importancia de garantizar mariguana de calidad para esos proyectos “que no nos dejen a la zaga de la investigación en este campo”.

A su vez, Mario Mendoza Silva, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, llamó la atención respecto a que el 10 por ciento de los consumidores de mariguana desarrollan dependencia y actualmente hay 350 mil adictos a esta planta en México, cifra que aumentará proporcionalmente si se liberaliza el consumo.

“Muchas personas tienen predisposición a las adicciones, por ejemplo, somos 105 millones, pero no todos vamos a fumarla, digamos que sí fumarán tres o cuatro millones y se incrementará en esa proporción el número de adictos”.

En ese escenario tendrían que crearse más centros de rehabilitación en todo el país, porque ahorita no tienen manera de atenderse, no hay medicamentos específicos, los tratamientos son psicoterapéuticos y de rehabilitación, en forma de consejería; además la rehabilitación es costosa por ser multidisciplinaria y tiene un alto índice de recaídas.

Manifestó su preocupación “porque parece que no hay problema y que está bien liberalizar el consumo, pero quienes vemos esta situación cotidianamente sabemos que no es cualquier cosa”.

SE ESTUDIARáN LAS PROPUESTAS
Luego de tres días de discusión sobre la pertinencia de regular el uso de la cannabis en México, se elaborarán versiones estenográficas de cada foro que serán entregadas al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, quien tendrá la tarea de realizar una sistematización de las ponencias y propuestas para presentar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Junta de Coordinación Política y a cada una de las comisiones involucradas.

Según el acuerdo suscrito avalado por legisladores de todos los partidos, adicionalmente se publicarán en la página electrónica de la Cámara de Diputados y se procurará la publicación de las memorias del foro por parte del órgano legislativo.

Finalmente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja será depositaria de las conclusiones que se formulen en cada una de las mesas del foro, y que serán remitidas a las comisiones involucradas para que se realicen su estudio y dictaminación.