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Lunes 28 de febrero de 2011

Reprochan ineficacia de SFP

El marco legal para castigar a servidores públicos que incurren en delitos patrimoniales presenta lagunas y debilidades


El marco legal para castigar a servidores públicos que incurren en delitos patrimoniales presenta lagunas y debilidades

Diputados federales reconocieron ayer que el marco legal para castigar a los servidores públicos que incurren en delitos patrimoniales presenta lagunas y debilidades, pero criticaron la falta de eficacia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para integrar los expedientes.

Por lo anterior, señalaron, es necesario concretar reformas que endurezcan los procedimientos y sanciones en contra de quienes hacen mal uso de los recursos públicos.

Los legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda se dijeron dispuestos a realizar las modificaciones que sean necesarias para que se puedan fincar responsabilidades y los culpables paguen sus penas.

"Hay que revisar el marco legal desde el Congreso, pero no podemos obviar que el Secretario (de la SFP) no sirve para nada. Es necesario revisar la ley", dijo David Penchyna, secretario de la Comisión de Hacienda.

"Sabemos que hay que legislar en la materia porque se está diferenciando mucho de lo que pasa a un particular, frente a lo que pasa con un delito cometido por un servidor público que daña el patrimonio de la nación", señaló Jesús Alberto Cano Vélez, secretario de la Comisión de Presupuesto.

Entrevistados por separado, los diputados alertaron sobre la falta de eficacia de la SFP para integrar los expedientes y conseguir que los funcionarios que incurran en delitos terminen en la cárcel.

"No podemos dejar pasar que llevamos prácticamente tres años con un Secretario de la Función Pública (Salvador Vega), con un rumor permanente de que ya se va por ineficiente y que se la vive armando casos para justificar su trabajo.

"El hecho de que no haya funcionarios en la cárcel también tiene que ver con que el señor arma los expedientes con las patas y que se dedica a armar escándalos mediáticos, con una eficacia jurídica de cero", acusó Penchyna.

Según Cano Vélez, la SFP ha sido utilizada sólo con fines políticos, pues actúa de manera selectiva y, en algunos casos, dijo, hasta en complicidad con quienes delinquen.

"Si la Secretaría de la Función Pública detectan estos desvíos, tienen la responsabilidad de denunciarlo y la PGR tiene la obligación de actuar, son delitos federales. Seguramente la Secretaría no está actuando en consecuencia y ya sabemos que se convierte en comparsa de los funcionarios públicos", consideró.

Los legisladores recordaron que la ASF denunció hace algunos días que los funcionarios públicos no son sancionados, y que los castigos dependen del trabajo de la PGR.

REFORMA publicó ayer que de mil 779 personas denunciadas penalmente por delitos asociados a corrupción, sólo una ha sido consignada, pero quedó libre bajo fianza.

La Ley de Servidores Públicos vigente no considera delitos graves el desvío, la malversación, el peculado ni ningún otro de los más de 300 que sanciona, y eso impide que quienes los cometen sean encarcelados.

De acuerdo con un informe de la PGR obtenido a través de una solicitud de transparencia, en la actualidad sólo están en proceso 41 denuncias, que involucran a 348 personas.

Agencia Reforma