Se duplican las ejecuciones en un año

A un año del Acuerdo Nacional por la Seguridad, 7 mil 296 personas han muerto en hechos relacionados al combate de la delincuencia organizada. En los 12 meses previos al pacto, del 21 de agosto de 2007 al 21 de agosto de 2008, la cifra de víctimas se ubicó en 3 mil 742.

Por tanto, desde que autoridades de los tres Poderes de la Unión —niveles federal, estatal y municipal—, representantes de los sectores productivo, religioso y social, además de medios de comunicación, asumieron compromisos para combatir delitos como el secuestro y homicidios, el promedio de asesinatos es de 20.10 cada día, el doble del registrado en los 12 meses previos.

Hasta antes del 21 de agosto de 2008, día en que el empresario Alejandro Martí exhortó a los funcionarios a renunciar si no podían con la encomienda ciudadana, el promedio diario de ejecuciones era de 10.25, cifra que combinada con el número de plagios motivó la firma del acuerdo.

Los meses más violentos en este periodo fueron octubre y noviembre de 2008, con 791 y 729 muertes, respectivamente, así como junio de 2009, con 702 homicidios.

Las entidades que concentran los asesinatos son Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Baja California, que en su conjunto sumaron 6 mil 7 muertes, lo que significa 82.33%.

La escalada en la violencia ocasionó innumerables enfrentamientos entre fuerzas armadas y sicarios, que lo mismo ocurrieron en el norte del país (Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nuevo León), como en el sur (Guerrero y Tabasco).

Asimismo, se registraron un sinfín de balaceras a casas habitación y a vehículos en movimiento, además del recrudecimiento en las ejecuciones, como sucedió en Guanajuato, Veracruz y Michoacán.

La lucha declarada por el gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, atinó en las capturas de diversos capos de la droga y el desmantelamiento de narcolaboratorios (principalmente en Michoacán, Sinaloa y Durango); sin embargo, las muertes —de delincuentes, uniformados y civiles— se cuentan por miles.

En el caso de Chihuahua, a pesar del amplio despliegue de las fuerzas federales, se contabilizaron 2 mil 955 crímenes de la delincuencia organizada.

Hechos relevantes

El 28 de agosto de 2008, una docena de cuerpos decapitados y con huellas de tortura fueron hallados en Yucatán. Once de los cadáveres estaban en los montes de la Comisaría de Chichi Suárez, en Mérida, y otro en el municipio de Buctzotz.

Dos semanas después, el 12 de septiembre en la zona del parque La Marquesa, del estado de México, fueron localizadas 24 personas ejecutadas. La PGR dijo que todas tenían el tiro de gracia. “Todos estaban amordazados y atados de pies y (con) las manos hacia el frente”, afirmó el director general de Gobierno de la región Lerma, Alfredo Gómez.

En este periodo, cinco presidentes municipales fueron ejecutados. El 3 de octubre de 2008, el edil de Ixtapan de la Sal, el priísta Christopher Salvador Vergara Cruz, fue emboscado con armas largas.

En febrero de 2009, dos alcaldes fueron asesinados. El día 6, el de Otaez, Durango, Claudio Reyes Núñez, y el 24, el de Vista Hermosa, Michoacán, Octavio Manuel Carrillo Castañeda. El 1 de junio fue ultimado el edil de Ocampo, Durango, Luis Carlos Ramírez, y el 14 de julio, el de Namiquipa, en Chihuahua, Héctor Ariel Meixueiro Muñoz.

El crimen organizado asestó un duro golpe al Ejército, al ejecutar al general de brigada Mauro Tello Quiñones, quien asumiría el cargo de secretario de Seguridad Pública del municipio Benito Juárez, Quintana Roo. El hecho constituye el primer caso en que un militar de rango es torturado y asesinado.

Además, unos 50 soldados han sido ultimados, entre ellos 12 que fueron asesinados y lanzados sobre la autopista Siglo XXI.