Se expande en EU plan de deportación

Austin, Texas— Un programa federal que recorre las cárceles locales en busca de inmigrantes indocumentados se está expandiendo en este estado, el último frente en la batalla nacional sobre la política inmigratoria.

En las últimas semanas, Texas se convirtió en el primer estado fronterizo en ejecutar totalmente el programa del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos que se aplicaría a todos los condados del país para 2013. El programa automáticamente envía las huellas dactilares de los presos al departamento, que intenta determinar si están autorizados para estar en el país.

Conocido como Secure Communities (Comunidades Seguras), el programa está diseñado para interceptar y expulsar inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos serios como homicidios, violaciones y secuestros, explican autoridades de inmigración. Pero los grupos que defienden a los inmigrantes y algunos abogados argumentan que el programa discrimina a inmigrantes que no tienen antecedentes penales y está saturando los tribunales. Los analistas políticos dicen que Secure Communities y otros programas relacionados están alienando a votantes hispanos que tendían a apoyar a los demócratas.

“¿Por qué estamos desperdiciando fondos en deportar a personas que ni siquiera deberían ser objetos de este programa?”, pregunta Jim Harrington, director del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que provee asistencia legal a personas de bajos ingresos.

Los partidarios de adoptar controles migratorios más estrictos sostienen que Secure Communities contribuye a proteger el país de inmigrantes indocumentados peligrosos. “Todos los días vemos asesinatos y crímenes serios cometidos en contra de ciudadanos e inmigrantes legales”, sostiene Janice Kephart, directora de política de seguridad nacional del Centro para Estudios de Inmigración, que favorece la reducción de todo tipo de inmigración. “Es un asunto de seguridad pública”, considera.

La expansión del programa se da en medio de un debate nacional respecto a la ley de inmigración de Arizona, que requeriría a la policía local verificar el estatus migratorio de las personas que son detenidas por otras posibles infracciones. El Gobierno Federal bloqueó con éxito esa ley en los tribunales, argumentando que traslada la responsabilidad del control migratorio de los funcionarios federales a los locales.

A diferencia de la ley de Arizona, Secure Communities no requiere que los agentes de policía locales desarrollen tareas adicionales. Con las huellas dactilares que la policía ya tomó para el FBI, el programa fusiona esos registros con la base de datos del Departamento de Seguridad Interior, que contiene todas las entradas al país. Esto ayuda al departamento a identificar a sospechosos de crímenes que puedan estar violando las leyes de inmigración.

Según la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, el programa contribuyó a un incremento de 70 por ciento desde 2008 en las deportaciones de inmigrantes ilegales sospechosos de crímenes.

Pero muchos en la comunidad hispana están frustrados por programas como Secure Communities porque consideran que apuntan a las deportaciones sin afrontar otros ángulos del debate migratorio, como por ejemplo, si se abrirá un camino a la ciudadanía para los indocumentados.

“No solamente no están solucionando el problema, sino que están criminalizando a más inmigrantes”, dijo el sindicalista Ben Monterroso, refiriéndose a Secure Communities.

Desde 2008, cuando el programa fue lanzado en condados individuales, más de la cuarta parte de los inmigrantes indocumentados identificados por el programa y deportados a sus países de origen, no había cometido crímenes serios, de acuerdo con estadísticas oficiales. (Ana Campoy/The Wall Street Journal)