Se inconforma empresa con amparo de Patricio

Miguel Fernández Stevenson, representante legal de la empresa encargada de la instalación del cableado subterráneo de fibra óptica que afectó un terreno propiedad de Patricio Martínez, consideró que es notoriamente improcedente el juicio de amparo que promovió el exgobernador ante el Juzgado Primero de Distrito.

Calificó como alarmante el bloqueo que realiza Martínez García con vehículos y personal a su mando en el tramo comprendido del kilómetro 82+290 al kilómetro 90.

“Sólo en la cabeza de una persona como Patricio Martínez, cabe la idea de tanto prejuicio soportado sólo en la posibilidad de corromper el estado de Derecho”, manifiesta en un desplegado que se publica hoy en la capital del estado.

El cableado subterráneo de fibra óptica para el servicio de redes públicas de telecomunicaciones, se lleva a cabo dentro de una propiedad del ex mandatario estatal; sin embargo, en días recientes fue negado el acceso a la empresa IP Matrix, SA de C.V.,. no obstante las autorizaciones otorgadas por el Centro SCT en esta ciudad, así como por la concesión expedida por esa misma dependencia en la ciudad de México, precisa Fernández Stevenson.

“El señor Martínez se ha dedicado a confundir a las autoridades y a la opinión pública manifestando que cuenta con un amparo de la justicia federal, siendo que el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Chihuahua le negó la suspensión definitiva que solicitó dentro del juicio de garantías que promovió en contra de actos del Centro SCT en Chihuahua”, expresó el representante legal.

Añade la denuncia que “ante dicha negativa, el señor Patricio Martínez García promovió un nuevo juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado, siendo éste notoriamente improcedente y solicitando de nueva cuenta la suspensión definitiva que con anterioridad le fue negada”.

De acuerdo con el texto difundido en un desplegado, el ex mandatario aduce en su defensa de sus acciones que el derecho de vía y la propia carpeta asfáltica de la carretera son “de su propiedad” y que no continuará tolerando la introducción de infraestructura “dentro de sus predios” sin existir pago de por medio.

“¿Qué garantía tiene la enorme inversión ya efectuada a lo largo de 360 kilómetros ante la amenaza de extorsión del ‘prepotente’ ex gobernador de perjudicar a la empresa IP Matrix a través de mantener litigios durante varios años”? ¿Es esta la manera de promover inversión en Chihuahua, de asegurar el anclaje de capitales y de dar imagen de seguridad a la inversión en México?”, cuestiona Miguel Fernández.

Finalmente el representante legal solicita la intervención de las autoridades a fin de que se haga valer el Estado de Derecho y se permita a IP Matrix concluir con la instalación de la red de fibra óptica.

Sostiene que “esta obra constituye una actividad de in
terés público que permitirá dotar de servicios de banda ancha a la población de Chihuahua, especialmente a aquella de menores ingresos a quienes se proporcionará servicios en escuelas públicas y bibliotecas como parte del programa de cobertura social de IP Matrix”.