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Domingo 25 de octubre de 2009

Se queja Patricio ante la Suprema Corte

Patricio Martínez García, interpuso una queja administrativa ante la SCJN en contra de la jueza Primero de Distrito


Patricio Martínez García, interpuso una queja administrativa ante la SCJN en contra de la jueza Primero de Distrito

El abogado Francisco Flores Legarda, apoderado legal del ex gobernador Patricio Martínez García, interpuso una queja administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la jueza Primero de Distrito con sede en esta capital, María Magdalena Hipólito Moreno, “por conductas indebidas, contrarias a la correcta y expedita aplicación de justicia”, en el caso de la presunta intromisión de la SCT en predios del ex mandatario.

El recurso fue promovido el 8 de octubre en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y establece que la recién designada jueza Primero de Distrito, en el juicio de amparo número 634/09 interpuesto por Martínez García, “cometió una serie de irregularidades y conductas indebidas en el seguimiento al incidente de suspensión, demostrando sumo interés en la misma, y al asumir el cargo de inmediato pidió ese expediente y preguntó al personal sobre la situación de las suspensiones concedidas a favor del quejoso”.

Continúa la queja: “De inmediato el día 19 de agosto le fija contra garantía a la empresa tercero perjudicado IP MATRIX, S.A. DE C.V,. para dejar sin efecto la suspensión definitiva que se había otorgado por la anterior juez en resolución, de fecha 24 de julio, María del Carmen Cordero Martínez y así permitir que el responsable delegado de la SCT Chihuahua, ejecutara el acto y permitiera que dicha empresa afectara los predios en breña, que colindan con la carretera pavimentada Chihuahua–Cd. Juárez, a la altura de los kilómetros 79–85, que realizara excavaciones e introdujera un tubo de fibra óptica, de conformidad con el permiso expedido por dicho autoridad”.

Esta actuación de la jueza de Distrito -continua el documento que aún no ha sido aceptado y radicado- es contraria a las constancias de autos y al estado en que se encontraba dicha suspensión, ya que maliciosamente hizo a un lado o no tomó en cuenta que en esos momentos estaba vigente la suspensión provisional decretada en contra la autoridad ordenadora, que lo es el presidente de la República, quien emitió el decreto expropiatorio

Posteriormente, niega la suspensión definitiva contra dicha autoridad y secretarios de Comunicaciones y Obras Públicas y otras, violando los lineamientos sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa al resolver los tocas números 26/2009 y 27/2009 derivados del mismo juicio de amparo, en la cual confirmo la suspensión provisional concedida por la anterior jueza de Distrito, lo que es sumamente grave por lo siguiente:

a) “Con toda claridad dicho Tribunal Colegiado en esta resolución vinculatoria que dolosamente pasó por alto dicha jueza de Distrito, revelando parcialidad y sumo interés en favorecer los intereses de la mencionada empresa perjudicado”.

Lo infundado de lo anterior deviene, de que para que el derecho de vía sea parte integrante de las Vías Generales de Comunicación, se requiere que se adquieran a través de uno de los medios legales, y si en la especie lo fue el decreto expropiatorio, para que la Federación pueda disponer del derecho de vía se necesita demostrar que adquirió la propiedad de los mismos a través de la ejecución del decreto y el pago de la indemnización correspondiente. En tales términos ... es obvio que el Estado no puede ocupar su propiedad”.

Como pruebas de la queja, el abogado Flores Legarda presentó la resolución emitida en el recurso de queja número 26/2009 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa.

También la sentencia interlocutoria del pasado 24 de Julio, emitida por la anterior Juez de Distrito, María del Carmen Cordero Martínez; así como la resolución de fecha 21 de agosto, dictada por la nueva juez de Distrito María Magdalena Hipólito Moreno, en la que “arbitrariamente negó la suspensión definitiva”, denunció el abogado Legarda
También envió copia del auto de fecha 19 de Agosto del año en curso, en el que estando vigente la suspensión provisional, la citada Juez de Distrito “indebidamente aceptó contrafianza para levantar la suspensión definitiva”.