Sentencian a 13 por delincuencia organizada

México.- El fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) obtuvo sentencias condenatorias contra 13 personas, por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Al acreditar la responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en las modalidades de cuando un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere la comisión de estos delitos, tráfico de narcóticos e introducción de estupefacientes al territorio nacional, posesión de narcóticos –marihuana, flunitrazepam y metanfetamina– con fines de suministro y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Fiscal de SIEDO obtuvo del Poder Judicial de la Federación sentencia condenatoria para 13 personas.

Como resultado del trabajo jurídico-penal del agente del Ministerio Público de la Federación, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México consideró acreditada la responsabilidad penal de Aldo Ismael Higuera Ávila (a) “El Mayelito” en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en las modalidades tráfico de narcóticos e Introducción de estupefacientes al territorio nacional, por lo que le impuso una pena privativa de libertad de 51 años tres meses y una multa a pagar de 730 mil 522 pesos –sustituible ésta para el caso de insolvencia económica por 19 mil 265 jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad–.

Aldo Ismael Higuera Ávila (a) Luis Gerardo Saldaña Gómez y/o "El Mayelito", fue detenido el 25 de agosto de 2000 en Baja California, en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el Fiscal Federal, por su participación en hechos relacionados con actividades de la organización de los hermanos “Arellano Félix”, en la que colaboraba junto con su padre, Ismael Higuera Guerrero (a) “El Mayel”.

Por otra parte, el Juez Tercero de Distrito en Quintana Roo, con residencia en Cancún, dictó sentencia condenatoria de 10 años de prisión y cien días multa, así como la destitución del cargo que ocupaban como agentes federales de investigación, inhabilitándolos para ocupar otro cargo público por un tiempo igual al de la pena de prisión, contra Armando Alfredo Villalobos Valdés y Ramón José Pérez, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere la comisión de delitos contra la salud.

Además, a Guillermo González Sobrado (a) “El Tigre”, por su responsabilidad en el injusto de contra la salud en la modalidad de cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechando su encargo, permita, autorice o tolere la comisión de delitos contra la salud y el diverso en la modalidad de tráfico de estupefacientes, imponiéndole una pena de prisión de 25 años de prisión y 250 días multa, así como la destitución del cargo de agente federal de investigación, y la inhabilitación para ocupar otro cargo público por un tiempo igual al de la pena de prisión. Mientras que a Zulma Dianey Rodríguez Valle (a) “La Zulma” y Manuel Ramírez Córdoba (a) “El Chiapas” por ser penalmente responsables en el delito de contra la salud en la modalidad de tráfico de estupefacientes, les fue impuesta a cada uno la pena de prisión de 10 años y cien días multa.

A los sentenciados se les atribuye haber permitido la ejecución de delitos contra la salud en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, ya que aprovechando sus encargos como servidores públicos, brindaron protección a grupos de la delincuencia organizada para que operaran en la entidad.

Por otra parte, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcoyotl, dictó Sentencia Mixta, dentro del proceso penal 135/2007, contra:

– Jesús Villalobos Olea, al encontrarlo penalmente responsable de la comisión de los delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Posesión de cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, imponiéndole una sanción de cuatro años, tres días de prisión

Antonio Ramírez Sarmiento y Raúl Villa Sarmiento, al acreditarse su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a quienes les fue impuesta una sanción de siete años, ocho meses de prisión

– Octavio Alberto Cruz Hernández fue sentenciado a seis años, ocho meses de prisión al acreditarse su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea

– Marco Antonio Negrete Alegría y Leobardo Martínez Cruz, al encontrarlos penalmente responsables de la comisión del delito de Posesión de cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, imponiéndoles una sanción de dos años, tres días de prisión.

Los procesados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Preventiva la carretera Texcoco-Lechería, en el tramo Texcoco Chiconcuac (ramal 99), cuando circulaban a bordo de tres vehículos tipo sedan en convoy. Al realizarles la revisión correspondiente, se les aseguraron diversas armas de fuego.

En otra determinación judicial, como resultado del trabajo jurídico del agente del Ministerio Público de la Federación de la SIEDO, el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en los autos de la causa penal 20/2007, dictó sentencia condenatoria a Jael Antonio Malagón Uscanga, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de suministro y portación de armas de fuego sin licencia, por lo que le impuso una pena privativa de libertad de once años, tres meses, 17 días de prisión y 64 días multa.

Además, a Malagón Uscanga –detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) el 28 de diciembre de 2006–se le instruye el proceso 7/2007 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, toda vez que se encuentra relacionado con la banda de secuestradores comandada por César Freyre Morales.

Con estas sentencias, la Procuraduría General de la República refrenda su obligación constitucional de aportar todos los elementos jurídicos necesarios para que jueces y magistrados del Poder Judicial Federal impongan las sanciones penales que contempla el Estado de Derecho para castigar a los delincuentes que vulneran y alteran la tranquilidad y seguridad que merecen los mexicanos.