Noticias de Chihuahua, Chih., a Lunes 21 de octubre de 2019

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Sin nombre aún…

por Antonio Tiscareño 292

Sin nombre aún…

En la antesala de este año electoral dejemos abierta también la elección del título de este artículo

En la antesala de este año electoral dejemos abierta también la elección del título de este artículo, para que le sea asignado por el despistado sujeto que por efectos indeseables de algún karma se convierta en accidental lector de estas elucubraciones pues aquí, paranoicamente afirmamos que queramos que no todos estamos expuestos a una forma deliberada de inducción de preferencias que nos es administrada en forma sumamente efectiva a través de todos los medios de comunicación disponibles mediante los poderosos recursos publicitarios de los que hoy goza la informática, así nos van dosificando los materiales que a los perpetradores de este “compló” les conviene convertir en asuntos de nuestro interés.

En este aspecto como en todas las cosas, los excesos son sinónimo de abuso y hoy nos toca atestiguar como; bajo el pretexto del derecho a la información y su complementaria consecuencia la libertad de expresión, se ha creado una situación paradójica en la que el derecho a conocer la verdad se ve conculcado por un discrecional manejo de la información, pues al someternos a una verdadera sobre-exposición enfática solo acerca de algunos aspectos de la verdad, desvían el interés de la opinión pública hacia donde los patrocinadores desean y con ello consiguen que sean soslayados los aspectos menos afortunados de los contenidos que nos proponen, inundándonos así de medias verdades.

A falta de una legislación específica y congruente, consensuada por auténticos representantes de todas las fracciones sociales, con leyes que debieran demostrar suma sensibilidad para salvaguardar no solo los derechos de los comunicadores o los de los contratantes del recurso publicitario sino ante todo y por encima de todo; los derechos inherentes al ciudadano común y corriente quien será a fin de cuentas la victima propiciatoria de la intención de los mensajes que se le dirigen. En ausencia de ese respeto, continuamente nos vemos abrumados por intensivas campañas de convencimiento que llegan a constituirse en otra auténtica e intoxicante fuente de contaminación ambiental cuyos efectos se manifiestan sensiblemente en la calidad de vida de las mayorías, como próximamente lo hará – ojo -la sobredosis de spots prescrita por el IFE para ultimar a nuestra naciente democracia.

Ante la indefinición de las reglas, las autoridades competentes han resultado sumamente incompetentes y tímidas para exigir el respeto irrestricto que deben profesar los medios hacia la ciudadanía y al conformarse con arrancarles a los comunicadores alguna que otra declaración de buenas intenciones de autorregularse, los legisladores se convierten en cómplices de que en la práctica, ese respeto quede reducido a solo eso, a buenas intenciones indefinidamente aplazadas por cumplirse.

Entendemos que para cualquier autoridad este asunto no es conejo fácil de atrapar, pues los poseedores de las concesiones informáticas están muy acostumbrados a manejarse dentro de esta libertad convertida en libertinaje y cualquier intento de regulación será calificado por ellos como “un atentado contra la libertad de expresión” por lo que envueltos en esa bandera y dotados de tanto poder como han acumulado, emprenderían una encarnizada guerra en contra de la administración que pretendiera tocar los privilegios que hoy detentan. En lo que este asunto es siquiera considerado por esos involucrados, para efectos prácticos los políticos han puesto a funcionar el viejo adagio que dice. “si no puedes contra ellos; úneteles” y ahí los tenemos pescando alegremente las conveniencias en este río revuelto para sus propios fines.
Fregados resultamos quienes agredidos por quienes nos hacen blanco de sus “agresivas campañas promocionales” e indefensos porque no nos defienden quienes debieran defendernos, nos vemos saturados de avalanchas publicitarias lanzadas tanto desde consorcios comerciales como de actores políticos dentro o fuera del gobierno empeñados a cual más, de convencernos de que sus ofertas son las que más nos convienen y como en el caso de la publicidad de productos etílicos, se encargan de seducirnos resaltando solo sus cualidades disfrutables omitiendo advertirnos de las consecuencias hepato-gastro-degenerativas (entiéndase “cruda”) que pagaremos por su excesivo consumo.

Este intencionado manejo deformativo de la información, equivale a una forma tolerada de lavado de cerebro dirigido hacia el grueso de la población y que en ciertos casos se utiliza a niveles de enajenación para influir sobre las voluntades individuales. Cuando el “coco-wash” se aplica para inducir el consumo de artículos que a fin de cuentas resultarán no ser de verdadero beneficio, tales prácticas pueden ser calificadas de inconvenientes, más la aplicación de toda esa parafernalia mediática en el ámbito de las decisiones políticas resulta definitivamente intolerable por sus implicaciones de engaño.

En la competencia por la conquista de nichos de mercado, los comercializadores podrían alegar necesidad de ofertar los productos en forma sugerente y los disculpa un tanto el hecho de estar arriesgando sus propios recursos económicos para generar los resultados que desean y a fin de cuentas, el consumidor conserva la opción de reclamar por los artículos adquiridos ya que nadie lo obliga a conservarlos si no lo satisfacen.

Pero en el caso de la oferta política partidista a la que se le dedican insultantes cantidades de dinero obtenidas por vía de los impuestos y que en primera instancia, no rinde cuentas a la ciudadanía del destino que corren sus aportaciones, sí la recaudación impositiva se justifica mediante el concepto de búsqueda solidaria del progreso, más… ¿Qué progreso puede reportarle al ciudadano común? El hecho de que una clase política desgastada y deslucida use para maquillar sus feos defectos las enormes prerrogativas económicas que le conceden las leyes electorales diseñadas desde el poder, gracias a las cuales ellos mismos se adjudican los recursos con los que luego simple y llanamente engañan al elector acerca de la autenticidad de los candidatos y de sus propuestas.

Engaño que resulta en decepción agravada al no existir la forma de revocar del cargo a quienes con su posición asegurada por una legalidad amañada por tener mayor acceso a recursos de toda índole, luego se dedican sistemáticamente a su auténtico propósito esto es: formar grupos de poder en los que luego se autoprotegen y se auto promueven entrando en una espiral de dominio que a la ciudadanía le resulta imposible detener y revertir toda vez que le es negado el acceso a la verdad completa pues le presenta velada con pantalla de esa realidad virtual llamada eufemísticamente “diseño de imagen” que no es más que publicidad tendenciosa, hecha con dinero público para engañar al pueblo.

Hasta que exista una opinión pública bien informada, que permita que los asuntos comerciales se traten con la ética requerida y exija que en el ámbito político las propuestas se traten utilizando solo el honesto recurso de la verdad sin ambages, cuando demandemos que los argumentos de campaña sean sustentados solo en resultados tangibles de pretendidos candidatos y no por imaginativas campañas de promoción creadas por los profesionales del engaño, entonces podremos ponerle título a esta difusa expresión de inconformidad, porque no se a usted pero a mí ¡todo esto me sabe a ”chín” y huele a…“gaderas”!

Aurelio Antonio Tiscareño