Urticaria global

Por: Manuel Narváez Narváez
Mnarvaez2008@hotmail.

La situación que se vive en la sierra Tarahumara sirvió para exhibir la desatención en que los tres órdenes de gobierno tienen a una de las etnias más importantes del país.

Bastó que un dirigente indigenista denunciara ante un importante canal local la extrema situación de hambre, enfermedades y muerte entre la población raràmuri, para que los ojos de gobernantes, y oportunistas voltearan a ver los estragos que han provocado la sequia, pero también el fracaso de las políticas públicas implementadas por el gobierno de la república, gobierno del estado, alcaldías, congreso federal y congreso de Chihuahua.

La onda expansiva en redes sociales, medios locales y nacionales que generó la voz de alerta de Ramón Gardea, provocó una reacción desmesurada por parte del titular del ejecutivo estatal. Dicha reacción obedeció más a sus impulsos que a la objetividad que exige soberana situación de emergencia.

César Duarte, al tomar protesta y atendiendo la necesidad de responder oportunamente a los requerimientos de los pueblos indígenas de Chihuahua, ordenó que la oficina de la coordinación de la Tarahumara cambiara su residencia de la capital del estado hacia el municipio de Guachochi.

Tal parece que las recomendaciones y órdenes del gobernador no encontraron eco en los responsables de dar atención a las etnias nativas del noroeste de la entidad, mucho menos lo tenían al tanto de lo que la sequía, la marginación, la falta de infraestructura de servicios tan básicos como el agua potable y clínicas-hospitales para controlar enfermedades relacionadas con la mala alimentación, estaban provocando entre la población de las comunidades del oeste del estado.

Pero no tan sólo el ejecutivo del estado era ajeno a lo que sucedía a los ràramuris, los alcaldes de la región, los diputados federales y locales que representan esos distritos rurales, los senadores de la república por el estado de Chihuahua y los delegados federales, tampoco estaban al tanto de las calamidades que están padeciendo decenas de miles de familias de la sierra Tarahumara.

Eso sí, en respuesta a la onda expansiva de la denuncia de Gardea, todos, sin excepción, se volcaron a pasar lista de presente en las comunidades afectadas. Con despensas, cobijas y ropa de vestir, funcionarios federales y locales, hasta el gobierno del D. F., se formaron en la fila para la foto.

En estos momentos las despensas y cobijas abundan en la región siniestrada, aunque no se sabe a ciencia cierta si llegaron a quienes debía llegar. Lo que sí esperamos es que no se les vaya a echar a perder tanta latería ni se agudice la crisis de enfermedades, ahora por empacho.

Definitivamente la grave situación de emergencia que se vive en la sierra Tarahumara no se va a resolver con despensas y cobijas, como lo dijo el presidente Calderón; tampoco es aconsejable andar solos que mal acompañados como lo sugiere el gobernador Duarte, a propósito de la supuesta plantada que le hizo el Secretario de Sedesol en el poblado de Sisoguichi, hoy se sabe que un funcionario estatal le regateó la información a Duarte Jàquez sobre la confirmación de la visita del Secretario.

Lo que las etnias chihuahuenses necesitan son soluciones que perduren, es decir, atender de inmediato los estragos que ha provocado la peor sequía de los últimos 80 años, pero también agua potable permanente, centros de salud equipados y ambulancias terrestres y aéreas para trasladar a los pacientes desde las comunidades de difícil acceso, y corroborar que efectivamente, las enormes ganancias que obtienen los complejos turísticos, los talamontes y las mineras, chorreen y beneficien a los ancestrales propietarios de esas tierras.

Por ningún motivo se vale desviar la atención de la problemática con clichès como el de la rentabilidad electoral, mucho menos impulsar los apoyos unilateralmente, ya que la responsabilidad atañe a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes.

Para que no se le olvide al gobierno de la república, ni al jefe del gobierno del D. F., ni al gobierno de Chihuahua, ni a los legisladores federales y locales, ni a las alcaldías, les refresco la memoria: la constitución, la general de la república y la del estado de Chihuahua, los hace responsables de la protección y desarrollo de los pueblos indígenas; a los legisladores de visitar sus distritos e informar del estado que guarda la educación y la salud entre sus representados, así como aprobar los presupuestos en concordancia con los planes de desarrollo nacional y estatal.

Y para concluir, si todavía traen ánimo de repartir culpas, tengan cuidado porque en el salpicar se pueden atragantar de estiércol. Los municipios con alta población de raràmuris son gobernados por el PAN, como son Bocoyna y Guachoichi, Carichì en alianza con el PRD. Batopilas, uno de los más marginados del país y cuna de Manuel Gómez Morín, sigue en manos del PRI gracias a las presiones de los grupos criminales que gobiernan en la región, otro flagelo que no se enfrenta con rigor ni eficacia.