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Viernes 2 de marzo de 2007

Va el Congreso contra dos magistrados y un juez

La demanda de juicio político se interpondrá en el recinto de San Lázaro


La demanda de juicio político se interpondrá en el recinto de San Lázaro

El Congreso del estado presentará este lunes una demanda de juicio político contra dos magistrados y un juez de Distrito, por violaciones a la autonomía del Legislativo local y de la Constitución del estado.

En conferencia de prensa, el diputado federal por Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, comentó que la denuncia respectiva será interpuesta en San Lázaro por el presidente del Congreso del estado, Joel Aranda Olivas.

Acompañado por Manuel Vargas y Héctor Villasaña, asesores legales del Congreso de Chihuahua, Duarte Jáquez manifestó que los magistrados y el juez atentaron contra la división de Poderes.

Al respecto, Héctor Villasaña explicó que el Congreso del estado decidió no ratificar al magistrado Marco Emiliano Anchondo Paredes, por lo que éste promovió un amparo, pero el mismo le fue negado en primera instancia.

Sin embargo, agregó, los magistrados del Segundo Tribunal revocan la decisión y conceden una suspensión temporal de amparo a Anchondo Paredes, y ordenan al Congreso que sea ratificado y el juez Gabriel Galván Carrizales amenaza con destituir a todos los diputados si no lo hacen.

Resaltó que en uso de sus facultades legales, el Congreso de Chihuahua decidió nombrar como magistrado a Gildardo Burciaga Villa, pero resulta que ahora hay dos personas en el mismo cargo porque los magistrados del Segundo Tribunal ordenaron que se ratificara a Anchondo Paredes.

Por su parte, el abogado Manuel Vargas dijo que el juez de Distrito que otorgó la suspensión temporal de amparo creó una figura sin soporte jurídico, por lo que violentó tanto la Constitución del estado como la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua.

Aseguró que la ley establece claramente que dentro de las sanciones de juicio político se prevé la destitución del cargo, así como la privación de la libertad hasta por seis años y la inhabilitación para ocupar un puesto del sector público hasta por diez años.

Finalmente, dijo que solicitarán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que este caso no sólo tiene impacto en la impartición de justicia en Chihuahua sino que busca evitar con ello que se presenten situaciones similares en otros estados del país.