Noticias de Chihuahua, Chih., a Miércoles 26 de junio de 2019

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Ve Sedena campaña del narco tras quejas

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Ve Sedena campaña del narco tras quejas

La CNDH urgió a la SEDENA a elaborar un reglamento que fije los protocolos del uso de la fuerza de los militares

La Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional a elaborar un reglamento que fije los protocolos del uso de la fuerza de los militares en operativos de seguridad pública, así como los de detención de civiles.

La CNDH pidió a la Sedena evitar que los detenidos por el Ejército sean trasladados a instalaciones castrenses, y que se ordene el cese de detenciones arbitrarias, cateos ilegales y abusos de autoridad, entre otras disposiciones.

Así lo establecen tres recomendaciones emitidas por el organismo este año, en el lapso de un mes, contra Sedena.

La más reciente, fechada el 31 de marzo, es por un caso de tortura y detención ilegal para obtener la confesión de dos funcionarios de seguridad pública de Tabasco; el 25 de marzo envió otra por el homicidio de dos personas en Nuevo León —aunque ya se inició el proceso contra cuatro militares—; el 25 de febrero por un caso de “privación de la vida” y retención ilegal en Guerrero.

Ante las violaciones a los derechos humanos que documentó la CNDH en cada uno de estos casos, que derivaron en las recomendaciones 8/2011, 10/2011 y 14/2011, el organismo solicitó al titular de la Sedena, Guillermo Galván, que “se emita una directiva, regla u ordenamiento que regule el uso proporcional de la fuerza pública, contemplando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

El reglamento deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en un documento de fácil divulgación que tendrá que distribuirse “a todo el personal de tropa y oficiales que desarrollen funciones de seguridad pública, implementando cursos para su conocimiento, debiendo remitir a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”.

También instruyó que “se emita una circular u ordenanza dirigida a los mandos superiores, medios y a los elementos de tropa, para que se garantice que las personas que sean detenidas en los operativos que realizan los elementos del Ejército no sean trasladadas a instalaciones militares, sino que sean puestas de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente”.