Vendieron funcionarios de SG permisos falsos de casinos

México.- Los ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Juan Iván Peña Neder y Roberto Correa Méndez vendieron a empresarios de la industria del juego documentos, algunos falsos, que permitieron la instalación y operación de casinos irregulares en diferentes estados del país. El tráfico de documentos se realizó a través de las empresas Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, S. De R.L. de C.V., y Ferrocarril Endige S.A. de C.V.

La Secretaría de Gobernación investiga a estas empresas por estar implicadas en la operación irregular del Casino Royale que, el pasado 25 de agosto sufrió un atentado que provocó la muerte de 52 personas.

EL UNIVERSAL cuenta con documentos que muestran cómo estas empresas utilizaron “criterios administrativos de excepción regulatoria”, figura jurídica inexistente en la Ley y el Reglamento de Juegos y Sorteos, para instalar casinos y operar juegos prohibidos, como naipes y ruleta electrónica.

Fuentes de la industria identifican a Juan Iván Peña Neder, ex asesor de la Subsecretaría de Gobierno, y a Roberto Correa Méndez, ex director general adjunto de Juegos y Sorteos, como los responsables de las operaciones de Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta y Ferrocarril Endige.

Como informó EL UNIVERSAL en ediciones anteriores, Juan Iván Peña Neder se desempeñó como coordinador de asesores del entonces subsecretario de Gobierno, Abraham González. En este cargo sólo duró de mayo a octubre de 2007. Hoy, Peña Neder es administrador de la empresa Táctica y Estrategia Legal y Comercial, que opera el casino Fortuna en La Piedad, Michoacán. Además, es director general de Comercial de Juegos Vallarta Galet, que busca abrir un casino en Salamanca, Guanajuato.

Roberto Correa Méndez fue nombrado director general adjunto de Juegos y Sorteos en enero de 2007.

En este puesto permaneció hasta el 11 de junio de 2009, cuando le presentó su renuncia a Fernando Gómez Mont, entonces titular de Gobernación. Un día antes de su renuncia firmó el permiso que autoriza a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S.A de C.V., operar 41 casinos.

Criterios inexistentes

Los “criterios de excepción regulatoria” es una figura administrativa que no está contemplada ni en la Ley General de Juegos y Sorteos ni en el reglamento de esta legislación. Sin embargo, fue en la misma Secretaría de Gobernación en donde se aprobó. El 10 de marzo de 2005, a través del oficio UG/211/0295/2005, el entonces titular de la Unidad de Gobierno, Manuel Fierro Evans, emitió un criterio en el que se determinó que la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey no requería permiso de la Secretaría de Gobernación para instalar y operar sus centros de entretenimiento en territorio nacional, toda vez que “las máquinas utilizadas eran un juego de habilidad y destreza que no implicaba azar ni apuesta en ninguna de sus formas”.

Este criterio quedó en el olvido hasta el 2 de abril de 2008. Ese día, Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey realizó un convenio de “cesión de derechos” con la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta S. de R.L. de C.V., empresa que manejan los exfuncionarios Peña Neder y Correa Méndez.

EL UNIVERSAL tiene en su poder una copia del convenio entre ambas empresas. En él se señala que la resolución emitida por la Secretaría de Gobernación en el oficio UG/211/0295/2005, del 10 de marzo de 2005, forma parte de los derechos que Juegos y Entretenimiento y Video de Monterrey cede a Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, por lo que esta empresa adquiere la facultad de “instalar y operar centros de entretenimiento en el territorio nacional, en los que se use y explote terminales electrónicas”.

Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta pagó como contraprestación por la cesión de derechos, de acuerdo con el contrato, 7 millones 950 mil pesos a Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey.

Este contrato fue firmado por Aldo Enrique González Montemayor, administrador único de Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey, y por Juan Manuel Ríos Torres, administrador único de Juegos de Entretnimiento y Video de Cadereyta.

Los operadores

EL UNIVERSAL buscó a González Montemayor, quien ahora es editor responsable de Edita Solutions, y director general de la revista Access Live, que circula en Monterrey, Nuevo León. Se llamó al teléfono de la revista, pero nadie contestó.

También se buscó a Juan Manuel Ríos Torres en la dirección que aparece en el contrato de cesión de derechos, y que corresponde a una colonia popular de Monterrey, pero no se localizó.

Fuentes de la industria del casino, quienes pidieron mantenerse en el anonimato, aseguran que Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta es operada por Peña Neder y Correa Méndez.

El 11 de abril de 2008, nueve días después de que se firmó el contrato de cesión de derechos entre Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey y Juegos de Entrete nimiento y Video de Cadereyta, el entonces director general adjunto de Juegos y Sorteos, Roberto Correa Méndez, firmó el oficio DGAJS/SOL/455/2008, en donde señala que la autoridad “toma conocimiento y se da por enterada del convenio de cesión de derechos”.

“A partir de esa fecha, dicho funcionario dejó de inspeccionar este tipo de establecimientos, otorgándole alcances indebidos a la opinión referida”, explicó el actual subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, en la conferencia de prensa que ofreció el pasado 22 de septiembre, para informar de las irregularidades encontradas en el caso del Casino Royale.

Además, con el documento de cesión de derechos, el visto bueno de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos y el oficio del 10 de mayo de 2005, Santillán Ortega, Peña Neder y Correa Méndez negociaban con los interesados en montar un casino y les rentaban “los criterios de excepción regulatoria”, explican las fuentes consultadas por este diario.

Sellos y papelería oficial

El 10 de marzo de 2009, Roberto Correa Méndez también firmó el oficio DGAJS/SCEV/0090/2009, para otorgar un criterio en el que determinó que la actividad realizada por la empresa Ferrocarril Endige, ubicada en Monterrey, no era competencia de la Secretaría de Gobernación. Dos días después, el 12 de marzo, Correa Méndez firma un nuevo documento dirigido a Luis Antonio Sánchez Valdéz, apoderado legal de Ferrocarril Endige, SA de CV.

El oficio DGAJS/SCEV/0090/2009-Bis, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, dice: “Se le informa que resulta procedente la petición por lo que se refiere a la autorización, por parte de esta unidad administrativa, para llevar a cabo la organización, coordinación, dirección y realización permanente de torneos deportivos y de juegos de mesa: Dados, Backgammon, Texas Holdem, Póker, Black Jack, Ruleta y otros semejantes”.

Este documento tiene los sellos de Gobernación y está impreso en papel membretado de la dependencia, sin embargo, las fuentes consultadas por EL UNIVERSAL aseguran que es falso: “En la industria era un secreto a voces que en el despacho de Peña Neder había papelería y sellos de Gobernación. Ahí, en sus oficinas, se hacían los documentos y luego se los daba a Correa Méndez para que los firmara”.

En la conferencia de prensa del 22 de septiembre pasado, el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez informó que al realizar inspecciones a diversos establecimientos se detectaron empresas que exhiben documentos que, en algunos casos, “no obran en el libro de gobierno de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos”; es decir, no existen en los registros de la Secretaría de Gobernación.

Días después del atentado al Casino Royale, la Secretaría de Gobernación informó que en el país funcionan 60 establecimientos “sin permiso formal”; 43 lo hacen “bajo criterios de excepción regulatoria”; diez con “suspensiones jurisdiccionales” y siete “operan con supuestos permisos, cuya autenticidad no está demostrada y se encuentran en litigio”.

Denuncias tardías

El 22 de septiembre pasado, el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez anunció que se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las empresas que operaban el Casino Royale, entre ellas Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta y Ferrocarril Endige.

También se presentaron denuncias ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública por “probable comisión de delitos de ex servidores públicos al haber emitido criterios de excepción regulatoria” y por “probable actuación administrativa irregular de los servidores públicos que resulten”. Además, comenzaron los procedimientos para “anular los criterios de excepción regulatoria”.

Antes de la tragedia del Casino Royale, Segob sabía que Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta utilizaba los “criterios de excepción regulatoria” para operar casinos en distintas partes del país.

La misma empresa se lo informó en varios oficios enviados en octubre de 2010. EL UNIVERSAL cuenta con copias de siete oficios dirigidos a la entonces directora general adjunta de Juegos y Sorteos, María Guadalupe López Mares, en donde se le informa de contratos realizados entre Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta con varias empresas para instalar y operar casinos en Monterrey, Ciudad Acuña, Querétaro y Mazatlán.

En todos los oficios se argumenta que la instalación y operación del casino se realizó utilizando el “criterio dictado en el procedimiento administrativo” que Gobernación otorgó en marzo de 2005 a la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey, el cual había sido cedido a Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta.