Advierte riesgos de censura en propuesta sobre Derechos de las Audiencias

Los lineamientos generales propuestos por el Gobierno federal para regular contenidos informativos y de opinión bajo el argumento de proteger los Derechos de las Audiencias podrían representar un riesgo para la libertad de expresión y de prensa en México, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y recientemente designado Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU.

En entrevista con el diario Reforma, Maldonado señaló que este tipo de marcos regulatorios han sido utilizados en diversos países para justificar mecanismos de censura bajo objetivos considerados legítimos, como el combate a la desinformación, la protección de la infancia o la seguridad pública.

El activista comparó la propuesta mexicana con legislaciones implementadas en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia, donde, afirmó, las autoridades han empleado disposiciones similares para restringir la libertad informativa.

Maldonado consideró que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum constituye un nuevo episodio de presión sobre los medios de comunicación y periodistas, al dar continuidad a mecanismos impulsados durante la administración anterior, como la sección “Quién es quién en las mentiras”, así como los espacios denominados Infodemia y Derecho de Réplica.

El representante de Artículo 19 expresó preocupación por la posibilidad de que una autoridad gubernamental determine qué información puede considerarse falsa, descontextualizada o carente de verificación, particularmente a partir de disposiciones contempladas en el artículo 12 del anteproyecto.

Según explicó, el principal cuestionamiento radica en quién tendría la facultad de definir la veracidad o falsedad de una noticia, pues, de acuerdo con su interpretación, dicha responsabilidad recaería en el propio Gobierno federal.

Maldonado sostuvo que las audiencias tienen derecho a recibir información plural, objetiva y diversa, por lo que advirtió que cualquier regulación en esta materia debe evitar convertirse en un mecanismo de control sobre los contenidos periodísticos o las opiniones difundidas en medios de comunicación.