Miércoles 2 de septiembre de 2009
Diversas ONG criticaron la visión del combate al crimen organizado
Diversas ONG criticaron la visión del combate al crimen organizado
De 2006 a 2008 se sextuplicaron las quejas en contra de militares por violar los derechos humanos y las garantías constitucionales, señalaron activistas de distintas partes del país reunidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
"Esta situación demuestra que el gobierno federal no tiene un plan para combatir la inseguridad y recurre a la represión afectando a civiles que nada tienen que ver con el crimen organizado", expresaron distintos activistas en el marco del foro Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana que se realizó en esta ciudad con el lema de "Juárez, Tierra de Dignidad".
"El problema de la presencia militar en tareas que corresponden a los civiles no es solamente un problema de violaciones aisladas, sino del diseño mismo del Ejército formado para responder a amenazas que difieren de aquellas a las que deben hacer las autoridades para contener el crimen y la comisión de delitos, porque el Ejército se mueve en una lógica bélica que no es la mas adecuada para enfrentar a la delincuencia organizada", dijo Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Durante el foro realizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se dio a conocer que en los estados donde tiene mayor presencia el Ejército como Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Morelos y otros, es donde se registra el más alto índice de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares contra la población civil.
Arriaga Valenzuela dijo que la perspectiva de la seguridad ciudadana debe ser vista como un derecho, pero no exclusivamente relacionado con el orden público y la razón de estado.
Desafortunadamente, indicó, los gobernantes actuales no tienen esta idea y no es lo que impulsan como política pública porque ellos piensan solamente en la prevención del delito y la represión del mismo, considerando que están en guerra contra la criminalidad, lo que afecta a la población porque actualmente la federación cuenta con más de 40 mil militares en las calles, aparte de los elementos de la PFP y otras corporaciones.
Para el ponente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, "las fuerzas armadas han desempeñado durante muchos años funciones de seguridad que corresponden exclusivamente a la policía, situación que se justifica con argumentos como el bajo nivel de las corporaciones y la desconfianza de la población a los cuerpos de seguridad pública".
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