Alertan transportistas por nuevas facultades de Guardia Nacional en carreteras federales

Especialistas y representantes del sector logístico advirtieron que la reciente reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal podría generar mayores riesgos de corrupción, extorsión y afectaciones para el transporte de carga en México.

El decreto, que otorga nuevas facultades a la Guardia Nacional para asumir tareas de control vehicular y aplicar sanciones, fue calificado por Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, como una medida “utópica y burocrática”.

El dirigente señaló que la modificación legal formaliza la militarización del tránsito federal y desvía a la corporación de sus funciones prioritarias en materia de seguridad.

“Le estamos dando facultades de una policía sancionadora a una corporación cuyo origen e instrucción debían ser la seguridad de la infraestructura y el combate al robo”, expresó.

Romero explicó que las nuevas atribuciones permitirán a la Guardia Nacional levantar infracciones, coordinar verificaciones, realizar inspecciones físico-mecánicas y detener a usuarios que se opongan a las revisiones.

Advirtió que esto impactará principalmente a pequeños transportistas y hombres-camión, quienes representan cerca del 80 por ciento del sector y carecen de capacidad para enfrentar procedimientos administrativos o posibles abusos.

Asimismo, criticó la duplicidad de funciones entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, particularmente en revisiones de pesos, dimensiones y condiciones mecánicas de unidades pesadas.

El representante empresarial sostuvo que el personal de la Guardia Nacional no cuenta con la capacitación técnica suficiente para estas tareas, situación que podría incrementar la discrecionalidad en las inspecciones.

También alertó sobre posibles abusos relacionados con servicios de grúas y corralones, históricamente señalados por cobros excesivos y actos de corrupción.

Como ejemplo, indicó que en algunos casos recuperar una unidad robada puede representar costos de hasta 120 mil pesos por arrastres menores a 30 kilómetros.

Finalmente, especialistas consideraron que la prioridad del Gobierno Federal debería centrarse en combatir el robo al autotransporte y fortalecer la seguridad carretera, en lugar de ampliar las facultades administrativas y sancionadoras de las fuerzas federales.