Aprueba Senado reforma antimonopolios

El Senado aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, con lo que se podrán sancionar las prácticas monopólicas hasta con 10 años de cárcel.

Para el establecimiento de una pena de prisión, la cual podrá ir de 3 a 10 años, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), impulsará un procedimiento penal ante el Poder Judicial una vez que haya resuelto que una persona física o moral cometió alguna práctica monopólica.

El dictamen fue avalado en una cerrada votación con 55 a favor de legisladores del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia, frente 53 en contra de los legisladores del PAN.

La decisión se tomó luego de un debate en el que participaron 10 oradores que expresaron los pros y contras de la reforma, con la que se convierte a la Cofeco en un órgano descentralizado.

Con los cambios, los integrantes de la Cofeco serán designados por el Ejecutivo federal, pero deberán ser ratificados por el Senado.

El dictamen aprobado modifica la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que contenía la propuesta impulsada por el Presidente Felipe Calderón.

En el debate, los legisladores del PAN acusaron a la Oposición de tratar de beneficiar a las empresas.

Según los panistas, los cambios debilitan a la Cofeco y sus resoluciones; además, aseguraron que el dictamen fue aprobado sin cumplir con lo que establece el reglamento del Senado.

"Se modifican las medidas cautelares para ponerlas a modo y hasta se dice que las inspecciones se llevarán a cabo en horarios y días hábiles, ahora se va a poner sobre aviso a los agentes económicos", denunció el senador Santiago Creel.

"No estamos de acuerdo con que sea un organismo descentralizado porque eso nos trae problemas de carácter constitucional, porque un órgano de esa naturaleza no puede emitir sanciones", dijo.

A nombre del PAN, Creel advirtió sobre la gravedad de que la reforma proponga agotar todo el procedimiento administrativo para poder proceder penalmente en contra de las empresas.

Según el legislador, esta disposición podría generar la prescripción de delitos que quedarán en la impunidad.

Al respecto, las consideraciones en la minuta aprobada indican que se elimna del proyecto original la figura de suspensión como medida cautelar, pues la Cofeco podría incurrir en un prejuzgamiento de la ilegalidad de una práctica investigada cuyo procedimiento de investigación no ha concluido.

"Estas comisiones consideran prácticamente imposible que cualquier suspensión provisional de un acto no genere daños irreparables para un agente económico, dada la naturaleza y la duración de medida cautelar en análisis", se lee en la minuta de las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda.

"Por lo tanto, en caso de que al final del procedimiento de investigación, resultara que la práctica suspendida resulta ser lícita, el daño económico a la empresa que fue sujeta a la medida cautelar se habría consumado y resultaría en consecuencia irreversible, ante lo cual no tendría ninguna responsabilidad la propia autoridad, lo que podría ocasionar un ejercicio discrecional o arbitrario de una facultad de esta naturaleza".

En contraste, los senadores del PRI y PRD aseguraron que la autonomía de la Cofeco es indispensable para garantizar la independencia del órgano regulador y la competencia en el sector.

Asimismo, justificaron la decisión de eliminar algunas medidas cautelares al asegurar que las empresas requieren de un sistema que respete sus garantías y que evite la paralización de los sectores productivos.

"No se trata de meter personas a la cárcel y mercados a la ruina, no sería digno de un país con una economía competitiva. Las medidas cautelares (de la minuta) eran discrecionales. ¿Se puede parar a una empresa un año sólo por una denuncia?", cuestionó el senador priista Raúl Mejía.

"No se puede aplicar la ley a base de trampas o usando a las autoridades del Estado para beneficiar a algunos. Sólo los funcionarios antidemocráticos pueden defender el derecho de la autoridad a actuar de manera discrecional. No podemos ir por el País quebrando empresas como si no hicieran falta para atender el problema de desempleo", sostuvo.

La nueva ley establece que la Cofeco será un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de decisión.

Además, se reduce el periodo de los comisionados a cinco años, con posibilidad de ratificación por un periodo adicional.

Con los cambios, se eliminan las medidas cautelares aprobadas por la Cámara de Diputados.

Por otro lado, para garantizar el reconocimiento de la figura de poder sustancial conjunto, se modificó la redacción para que la Cofeco no "considere", sino que tenga que "acreditar" cuando el poder de mercado de dos empresas cumplan con esa práctica monopólica.

El dictamen señala que sólo servidores públicos podrán realizar las visitas de verificación y no representantes de despachos privados.

Los senadores precisaron las multas que se impondrán a personas físicas o morales y suprimieron la querella como requisito de procedibilidad para evitar la discrecionalidad de su presentación de delitos contra la competencia.

Agencia Reforma