Jueves 13 de agosto de 2026
Ciudad de México.— Dos colaboradores cercanos a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, fueron detenidos durante los últimos días, mientras legisladores de Morena aseguraron que el procedimiento para retirarle el fuero al senador priista “está vivo”.
El lunes, autoridades de Campeche detuvieron a Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador y operador financiero de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista, así como colaborador del arquitecto Juan José Salazar Ferrer.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía estatal, Espinosa Campos estaría presuntamente relacionado con operaciones financieras e inmobiliarias irregulares. Hasta el momento, las acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales correspondientes.
Posteriormente, el miércoles, fue arrestado en la Ciudad de México Carlos Alberto Medina Hernández, vocero de Alejandro Moreno y exencargado de la oficina de Comunicación Social durante la administración estatal del dirigente priista.
Medina Hernández es investigado por su probable participación en un esquema mediante el cual presuntamente fueron desviados 36 millones de pesos del erario de Campeche. Después de su captura fue trasladado al penal de San Francisco Kobén, donde quedó a la espera de su audiencia inicial.
La Fiscalía de Campeche señala que Medina Hernández habría participado junto con Espinosa Campos en operaciones relacionadas con empresas presuntamente utilizadas para facturar actividades simuladas, conocidas como EFOS.
Morena sostiene que desafuero continúa vigente
En medio de las detenciones, integrantes de la bancada de Morena en el Senado de la República afirmaron que el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno continúa vigente.
En julio de 2025, la Fiscalía de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud para retirar la inmunidad procesal al exgobernador, por los presuntos delitos de uso indebido de atribuciones y peculado.
La investigación está relacionada con el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos durante la administración estatal de Moreno Cárdenas, correspondiente al periodo de 2015 a 2019.
Las detenciones no representan una sentencia contra los involucrados. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso y establecer posibles responsabilidades, respetando su derecho a la presunción de inocencia.