Citan a exdirectivos y empleados de Aras por investigación federal de la CNBV

A casi cinco años de que se presentaran las primeras denuncias por fraude contra Aras Business Group, autoridades federales mantienen abierta una investigación relacionada con la operación financiera de la empresa y la posible captación irregular de recursos del público.

De acuerdo con información dada a conocer por la defensa de Armando G., exdirector general de Aras, un juzgado federal citó a comparecer el pasado 12 de julio al exdirectivo y a cerca de 30 extrabajadores de la compañía, dentro de una indagatoria impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con la promoción y recepción de recursos para supuestos instrumentos financieros sin contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades regulatorias.

Éricka Jasso, representante legal de Armando G., informó que ninguno de los citados acudió a la audiencia programada y señaló que actualmente analizan la estrategia jurídica a seguir. Explicó que, conforme al procedimiento, los involucrados podrían ser notificados nuevamente y, en caso de no comparecer, podría emitirse una orden de aprehensión.

La abogada sostuvo que su representado cuenta con diversos amparos que, por el momento, impiden su detención por los delitos del fuero común relacionados con las denuncias de fraude presentadas por más de 4 mil 600 personas desde 2021.

En el ámbito estatal, hasta ahora cinco personas vinculadas con Aras han sido detenidas y posteriormente obtuvieron la libertad para continuar sus procesos judiciales, luego de que en diciembre de 2023 una jueza de Control declarara culpable por fraude a la empresa como persona moral.

Paralelamente, continúa el proceso para la posible venta de 23 bienes asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de destinar los recursos obtenidos a la reparación del daño de las víctimas.

No obstante, existe controversia sobre la viabilidad legal de dicho procedimiento. Mientras la Fiscalía sostiene que cuenta con autorización judicial para avanzar con la comercialización de los inmuebles, la defensa de Aras argumenta que aún existen recursos legales pendientes contra la sentencia condenatoria, por lo que considera que la venta de los bienes no puede concretarse de manera definitiva.

Las investigaciones federales y estatales continúan en desarrollo y las autoridades no han informado una resolución final sobre los procesos pendientes.