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Martes 24 de noviembre de 2009

Crean frente ‘para rescatar a Juárez’

Exigen 95 organizaciones mando único en Operativo y presencia de funcionarios federales aquí


Exigen 95 organizaciones mando único en Operativo y presencia de funcionarios federales aquí

Representantes de 95 organizaciones de la sociedad juarense formaron ayer un frente para rescatar a la ciudad de la crisis en la que se encuentra sumergida, y su primera acción fue entregar una petición al Senado de la República para que el secretario de Gobernación y el Gabinete Social del Gobierno Federal vengan a escuchar los planteamientos de la comunidad.

Los gestores sociales indicaron que es imperativo que la lucha en contra de la criminalidad y la delincuencia se libre desde una perspectiva diferente a la policiaca, ya que es necesario que se atiendan otros problemas, como la educación, el trabajo o la seguridad social, para lo cual la Federación debe destinar partidas emergentes y no los sobrantes del presupuesto.

También, que se instituya un mando único para la Operación Conjunta Chihuahua (OCCH), para poder exigir resultados a funcionarios más específicos.

Algunos insistieron en la intervención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que sus representantes vigilen y supervisen las tareas del combate a la criminalidad.

Durante el foro, en el que participaron representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), de comités de vecinos de fraccionamientos, de cámaras de empresarios, industriales y comerciantes, así como directivos de escuelas de educación superior y de asociaciones religiosas, se anunció la realización de una marcha por la paz el próximo 6 de diciembre, que iniciará en la megabandera y donde se espera la participación de al menos cuatro mil personas.

Durante la reunión, algunos de los ponentes se quejaron de que mientras que un alto porcentaje de los delitos que se cometen aquí tiene injerencia federal, el nuevo procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, no ha visitado el estado o la ciudad.

Entre las primeras y más sentidas peticiones esta el establecimiento de un mando único para la Operación Conjunta Chihuahua (OCCH), a través del cual se pueda exigir resultados de las acciones gubernamentales y la destitución de los funcionarios que resulten inefectivos.

Entre los proyectos que se expusieron destacaron acciones como realizar paros de actividades comerciales, que se establezcan herramientas anticorrupción en los ámbitos policiacos y de impartición de justicia, así como reforzar las tareas de rehabilitación para usuarios de drogas.

Las conclusiones, que fueron expuestas por la líder de la Asociación de Maquiladoras (AMAC), Soledad Máynez Bribiescas, indican que se pedirá la visita de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación.

Pero, además, se quiere la presencia del Gabinete Social del Gobierno federal, conformado por el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos; el de Educación Pública, Alonso Lujambio; el de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; el de Agricultura, Francisco Javier Mayorga Castañeda; el de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; y el de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto.

Al inicio de la reunión, la anfitriona indicó que es muy delicado darse cuenta como asociación de la gran apatía que hay del centro de la República para con Ciudad Juárez, comunidad que tiene muchas voces, pero muy pocos oídos.

Indicó que Gómez Mont le indicó que en una semana y media los recibiría junto con Chávez Chávez, pero en la reunión realizada ayer se cambió la estrategia y pedirán que el funcionario y el Gabinete Social sean quienes vengan a la ciudad.

Miguel Fernández Iturriza, del Plan Estratégico de Ciudad Juárez, expuso que la inseguridad pública se presenta no sólo en la ciudad, sino también en el estado y en el país, lo que es producto y consecuencia de lo que se ha hecho mal.

Cuando hay problemas que se han generado a través de muchísimo tiempo, mencionó, también se invertirá un lapso igual o mayor en resolverlos y en encontrar soluciones que sean efectivas.

Consideró que se debe de trabajar en un pacto de gobernabilidad, que es la relación entre los gobernantes y la sociedad para atender los problemas que se enfrentan.

Sin embargo, acotó, la inseguridad sigue presente y si no se combate en un corto plazo todos tienen que buscar la forma de protegerse a ellos mismos y a sus familias.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Jorge Quintana Silveyra, mencionó que desde la primera revisión del OCCH advirtió acerca de la necesidad de un cambio social, más que aplicar una fuerza policiaca para enfrentar el conflicto.

Recordó que en 1994, cuando surgió el movimiento zapatista, el Gobierno federal comenzó a trabajar para que el tejido social fuera mejorado en aquella región del país y hubo logros.

En cambio, aquí se han hecho decenas de peticiones para que se apliquen estrategias similares, pero no ha habido respuesta.

Añadió que no se debe esperar a que se ejerzan los presupuestos normales, sino que se deben destinar recursos extraordinarios para atender la problemática que se vive aquí. La situación se aliviará sólo recuperando el tejido social, no con más policías, aseveró.

Mencionó que en la ciudad existen muchos proyectos para atender a los ciudadanos desprotegidos socialmente, pero sus representantes trabajan “con las uñas”, por lo que es necesario apoyarlos.

Recordó también que el 90 por ciento de los delitos que se cometen aquí son del orden federal, pero el procurador general de la República no ha visitado el estado o la ciudad.

El presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Héctor González Mocken, consideró que la problemática que se enfrenta en la actualidad es compleja, pero se incrementa por la dificultad de que no existe un pacto con los mexicanos, lo que ocasiona un “jaloneo” por el presupuesto.

Todos quieren “jalar” recursos a sus estados, mientras que el Gobierno federal quiere quedarse con más dinero, expuso.

Agregó que los partidos dejan de lado a los ciudadanos, mientras que los partidos políticos sigan manejándose con sus propios intereses, difícilmente se podrá terminar con los problemas que se enfrentan en la actualidad.

El Estado, dijo, no es un ente diferente a la ciudadanía, porque forma parte de la sociedad organizada legalmente.

El abogado pidió a la Federación establecer planes a corto, mediano y largo plazos, pero también que incluya en ese proceso al Gobierno del Estado y al Municipal.

Si la sociedad se sigue organizando fuera del orden constitucional, entonces se puede afectar la estructura legal del país, advirtió.

El representante de los litigantes aseveró que las autoridades deben incluir a los ciudadanos en las políticas de Estado, que se involucre a todos porque la gente tiene miedo, se está yendo de la ciudad, la están robando, la están secuestrando y extorsionando.

Daniel Murguía Lardizábal, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), insistió en la intervención de observadores internacionales, a través de la ONU, que a través de un Pacto Mundial vigente puedan acudir a la ciudad a verificar lo que las autoridades están haciendo para combatir a los criminales.

Aseguró que este tipo de estrategias ha sido exitosas en otros lugares del mundo, ya que los extranjeros no toman las calles como se podría pensar, sino que ayudan a los gobiernos a enfrentar la delincuencia.

Consideró que el trabajo preventivo es una prioridad para Ciudad Juárez, y aunque las fuerzas militares mexicanas han sido de gran apoyo no pueden hacer solos ese trabajo, por lo que se requiere la intervención de otras instancias.

El empresario consideró que existe mucha impunidad en las calles, por lo que se requiere de patrullajes con policías mejor preparados y de observadores mundiales que hablen con las autoridades.

Cipriana Jurado, representante del grupo Movimiento Obrero, expresó que la violencia en la ciudad se había denunciado desde que comenzaron los feminicidios en los años 90, y que la misma impunidad que prevaleció entonces se está viviendo ahora.

Llamó la atención hacia los familiares y los hijos de los casi cuatro mil víctimas de homicidio que se han registrado en los últimos dos años, porque si no son atendidos, entonces se estarán perdiendo generaciones de ciudadanos.

También consideró que la Federación regresa muy pocos de los recursos económicos que se lleva de la ciudad, por lo que se debe de exigir que haya más inversión del Gobierno central en esta frontera para rescatar a jóvenes e incluirlos en los ámbitos de la educación y del laboral.

Pero, a la par con las exigencias, se debe de trabajar en conjunto para poder alcanzar los objetivos que se plantearon en la reunión de ayer y en muchas otras anteriores, concluyó.