Miércoles 27 de mayo de 2026
La organización Human Rights Watch advirtió que miles de ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos están quedando atrapados en un “limbo legal” en México, sin posibilidad de regresar a Cuba, trabajar legalmente o acceder fácilmente a servicios básicos.
De acuerdo con el informe publicado este miércoles, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, Estados Unidos ha deportado a casi 13 mil personas no mexicanas hacia territorio mexicano, de las cuales más de 4 mil 300 son cubanas.
La investigación se basó en entrevistas realizadas entre febrero y marzo a 53 personas deportadas recientemente, incluidos 41 cubanos. Muchos de ellos habían vivido durante décadas en ciudades como Miami y otros puntos de Estados Unidos, incluso desde su infancia.
El informe señala que varios deportados llegaron a México sin dinero, documentos o redes de apoyo, terminando en refugios improvisados, parques públicos o viviendo en la calle en ciudades como Tapachula y Villahermosa.
Entre los testimonios recopilados destaca el de un hombre de 59 años, quien relató haber sido trasladado en autobús durante 38 horas desde la frontera hasta Villahermosa, donde autoridades mexicanas simplemente les indicaron bajar de la unidad.
Según Human Rights Watch, el gobierno cubano generalmente rechaza recibir a deportados con antecedentes penales, mientras que México no garantiza asistencia integral ni regularización inmediata para quienes llegan bajo esta política de “deportación a terceros países”.
El reporte también señala que muchos de los deportados carecen de acceso a teléfonos celulares o correo electrónico, aunque deben cumplir trámites migratorios complejos y presentarse regularmente ante autoridades.
Uno de los casos citados es el de Raúl Hernández, un joven de 29 años que llegó a Estados Unidos siendo niño y que ahora comparte en redes sociales la situación de los cubanos deportados. Hernández afirmó que para muchos vivir sin estatus legal en México se ha convertido en “un infierno en la tierra”.
La administración estadounidense ha defendido estas deportaciones argumentando que permiten ejecutar órdenes de expulsión contra personas cuyos países de origen no aceptan repatriaciones. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado las condiciones en las que quedan miles de migrantes tras ser enviados a terceros países.

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