Debate sobre “Ley Esposa” y la primera gobernadora en Hidalgo

El Congreso de San Luis Potosí aprobó la llamada Ley Esposa, que obliga a los partidos políticos a postular solo mujeres para la gubernatura en 2027. La medida busca romper con décadas de gobernadores hombres y, según el gobernador Ricardo Gallardo, dar oportunidad a perfiles femeninos, aunque ha generado polémica por posibles conflictos de nepotismo. Morena ya prepara una acción de inconstitucionalidad contra la ley, cuestionando su motivación política.

Mientras tanto, en Hidalgo, el Congreso local se prepara para aprobar una iniciativa similar que reservaría la gubernatura de 2028 exclusivamente para mujeres. Existen dos propuestas:

Mandato de dos años: Presentada por Hilda Miranda (Morena), busca cumplir con el calendario electoral 2028-2030 y garantizar la paridad de género sin alterar la duración original de la gubernatura.

Mandato de cinco años: Presentada por Diana Rangel Zúñiga (Morena), propone un periodo más largo para evitar un mandato simbólico o limitado, asegurando igualdad sustantiva y continuidad de proyecto de gobierno.

Posturas y controversias:

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que obligar alternancia por género no necesariamente favorece a las mujeres y recomendó a los congresos analizar las reformas con cuidado.

Desde el PAN, se criticó que las reformas puedan limitar la participación de candidaturas independientes y consideraron que la paridad ya está garantizada en los partidos.

El Partido Verde respaldó la paridad, pero advirtió sobre la necesidad de un diseño jurídico sólido para evitar impugnaciones.

En San Luis Potosí, la ley fue cuestionada por posibles intereses políticos y para limitar la competencia del PAN, según la presidenta estatal del partido, Verónica Rodríguez.

Morena, por su parte, no acompañará al Verde en la acción legislativa en contra de la ley esposa y reiteró que postulará candidatos de ambos géneros en 2027 mediante encuestas.

Puntos clave del debate:

Garantizar paridad de género sin crear mandatos simbólicos o discriminatorios.

Evitar legislaciones que puedan ser impugnadas por fines políticos o de nepotismo.

Decidir la duración del mandato (2 vs 5 años) para la primera gobernadora y su impacto en gobernabilidad.

Coordinar con el INE y expertos para asegurar que la reforma respete la ley y derechos políticos.

En resumen, tanto San Luis Potosí como Hidalgo buscan impulsar la primera gobernadora de su historia, pero la estrategia, duración del mandato y legalidad de estas reformas generan un debate intenso sobre igualdad, democracia y límites de la legislación estatal.