Decapitar más cárteles; objetivo de Calderón

El gobierno federal irá por más capos de alto nivel en 2010 y basará su estrategia de combate al crimen organizado en poder alcanzar la decapitación de cárteles y organizaciones criminales, adelantó Jorge Tello Peón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

A puerta cerrada con cerca de 100 diplomáticos mexicanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tello Peón advirtió que el gobierno federal buscará elevar la presión sobre el crimen organizado al golpear a los cárteles “ubicando y deteniendo” lo mismo a sus líderes como a sus cabecillas regionales.

Asistentes al encuentro, llevado a cabo dentro de la 21 Reunión de Cónsules y Embajadores, detallaron que Tello Peón hizo alusión a la caída de Arturo Beltrán Leyva en un enfrentamiento con marinos y, en particular, su significado dentro de la estrategia del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública.

A casi un mes de distancia de la operación que culminó con la muerte del capo, Tello Peón dejó en claro que tras el éxito obtenido se buscará impactar a las organizaciones criminales no sólo en el campo de los decomisos, sino privándoles de sus principales liderazgos.

Al enumerar cuáles serán las prioridades en materia de seguridad pública para 2010, el funcionario adelantó también que, en paralelo a la búsqueda de capos, se atacará renovadamente a delitos que afectan de forma más directa a la ciudadanía, como el secuestro.

Tello Peón informó que la PGR será reforzada y reorganizada a lo largo de 2010 en varias de sus estructuras para permitirle jugar un papel más crucial y de peso.

En el ámbito político Tello Peón insistió en que el gobierno federal tratará de desactivar los desencuentros con laoposición en el Poder Legislativo en torno a la estrategia de combate a la delincuencia del presidente Calderón.

Admitió que tras la comparecencia del procurador Arturo Chávez y de los cuestionamientos de los que fue objeto de parte de legisladores de varios partidos, quedó claro que el gobierno federal está obligado a dialogar, negociar y hasta elevar su rendición de cuentas en materia de seguridad pública ante el Congreso, si es que quiere evitar desgastes adicionales.