Desaparecen 400 mdp de fondo ferrocarrilero

Distrito Federal— Ex funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de México y líderes del sindicato desaparecieron 400 millones de pesos del fondo de los trabajadores jubilados de Empalme, Sonora, de acuerdo con una denuncia de ex empleados.

Según la averiguación previa AP/PGR/SON/HER-1/1180/2006 de la que Reforma tiene copia, al desaparecer Ferronales en 1999 –y crearse un fideicomiso el año siguiente– se otorgó un fondo de 416 millones de pesos para los jubilados de ese municipio.

Sin embargo, los ex trabajadores denuncian que los funcionarios encargados del fondo sólo entregaron 16 millones de pesos y, a partir de 2001, comenzaron a acumular casas, negocios y vehículos de lujo.

El caso en Empalme es una muestra de lo que ocurre a nivel nacional: de los 19 mil millones que el Gobierno federal entregó al sindicato que dirige Víctor Flores para el pago vitalicio a jubilados y pensionados, sólo quedan 2 mil millones.

Acumulan bienes

Los funcionarios y líderes sindicales involucrados en un presunto fraude por 400 millones de pesos del fondo ferrocarrilero de Empalme, Sonora, se enriquecieron inexplicablemente, denunciaron trabajadores.

Alejandro Barrientos, representante de Ferromex en Sonora; el ex abogado representante del sindicato ferrocarrilero, Miguel Ángel Rodríguez Ochoa; Vicente Ríos Ulloa, abogado de Ferrocarriles de México, y Juventino César Jiménez López, ex funcionario de la Junta Federal No. 23 de Conciliación y Arbitraje; quienes fueron denunciados penalmente adquirieron autos de lujo y varias propiedades tras la desaparición del dinero del fideicomiso.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda de Sonora y de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo –en poder de Reforma–, Alejandro Barrientos adquirió una propiedad en el Fraccionamiento Villa Bonita, con valor de 1 millón 234 mil 76 pesos.

Juventino Rosas compró un inmueble con valor de 1 millón 880 mil y uno más valuado en 327 mil 600, en el Fraccionamiento Residencial Bretaña; mientras que Miguel Rodríguez Ochoa adquirió dos inmuebles con valor total de un millón 645 mil.

Juventino César Jiménez posee un BMW Sedan, valuado en 395 mil 801 pesos; Miguel Rodríguez Ochoa, quien incluso libró una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de fraude, posee una camioneta Jeep Patriot, con valor de 203 mil pesos, además de un Civic Honda modelo 2007, una camioneta Explorer y un automóvil Pointer.

En tanto, otro de los acusados, Alejandro Barrientos, posee una camioneta Ford Escape, valuada en 269 mil 500 pesos.

La denuncia ante la PGR que fue ampliada en 2008, señala que además que Miguel Rodríguez Ochoa es dueño de un restaurante, mientras que Alejandro Barrientos es dueño de un despacho de abogados.

Liliana González Arce, representante legal de los ferrocarrileros explicó que los funcionarios adquirieron las propiedades en 2001 de acuerdo con la documentación de la propia Tesorería Municipal de Hermosillo, apenas un año después de que se signara el fideicomiso ferrocarrilero.

“Ellos adquirieron sus propiedades con alberca y terrenos inmensos, cuando los jubilados apenas recibían 3 mil pesos de pensión”, acusó.

La abogada explicó que tras la “desaparición” del fideicomiso que sería entregado a los ex ferrocarrileros de Empalme, los funcionarios presumían la adquisición de inmuebles.

“El dinero se quedó en los bolsillos de estos funcionarios. Todo lo que tienen contrasta con los 3 mil pesos que ganan los jubilados, incluso Miguel Ángel Rodríguez es también ex trabajador Ferrocarrilero”, acusó.

Los ferrocarrileros acusaron en una misiva enviada a la Presidencia de la República al ex gobernador Eduardo Bours de frenar la orden de aprehensión en contra de Rodríguez Ochoa y de intervenir para que el asunto no prosperara.

Asimismo, señalan que tan sólo Miguel Rodríguez Ochoa, ha cobrado como jubilado beneficiario del fideicomiso 116 pesos mensuales.

“Consideramos que esta red de corrupción comandada por Eduardo Bours Castelo, está también involucrado Víctor Flores.

“Nosotros los ex ferrocarrileros pedimos que se nos haga justicia y que metan a la cárcel a estos funcionarios corruptos de Sonora, estos delincuentes que han sido protegidos por gente poderosa en el estado”, destacó González Arce.

La representante legal pidió ayuda a los legisladores para solucionar este conflicto, debido a que los jubilados carecen de algún tipo de ayuda económica y viven la incertidumbre de si algún día cobrarán los recursos del fideicomiso.