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Martes 17 de marzo de 2026

Desplazamiento y enfrentamientos marcan crisis de seguridad en Guadalupe y Calvo


La detención de tres personas armadas y el abatimiento de dos presuntos criminales tras un enfrentamiento con fuerzas estatales en la zona entre El Ocote y Atascaderos volvió a evidenciar la crisis de seguridad que se vive en este municipio de la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los hechos ocurrieron durante un operativo de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), donde además uno de los detenidos fue trasladado herido a la capital del estado. Los tres serán procesados por delitos del fuero federal, informó el fiscal de la Zona Sur, Guillermo Hinojos.

La región forma parte del llamado Triángulo Dorado, una zona estratégica para grupos del crimen organizado debido a su cercanía con Sinaloa, a menos de 40 kilómetros, lo que facilita la movilidad de células armadas entre entidades.

Autoridades estatales han identificado que la incursión del grupo delictivo conocido como “La Línea” en territorio históricamente dominado por facciones del Cártel de Sinaloa ha detonado una escalada de violencia desde 2025. En este contexto, también se ha reportado la presencia de grupos como las “Fuerzas Especiales de Isidro” (FEDI), presuntamente vinculadas a otras facciones criminales.

Los enfrentamientos recientes han provocado el desplazamiento de al menos 200 personas de comunidades como Atascaderos y El Ocote, quienes han abandonado sus hogares ante la falta de condiciones de seguridad. Muchos de ellos se han refugiado en ciudades como Parral y la capital del estado.

Entre los hechos más graves se encuentra el asesinato de dos menores de 14 años ocurrido en febrero, así como múltiples enfrentamientos armados que se han prolongado por horas, afectando directamente a la población civil.

Además de la violencia, habitantes denuncian la instalación de retenes ilegales, vigilancia constante en caminos rurales y la paralización de actividades económicas como la ganadería y la explotación forestal, así como la disminución en la asistencia escolar.

En este contexto, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos en la zona, considerada una de las más complejas del país en materia de seguridad, mientras continúan los esfuerzos para contener la presencia de grupos delictivos y restablecer las condiciones de tranquilidad para la población.