Detectan presunto lavado de casi 10 mil millones de pesos en México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República detectaron uno de los casos de presunto lavado de dinero más grandes de la última década en el país, con movimientos por casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las operaciones estarían relacionadas con las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas de las cuales fueron catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria como empresas factureras.

Las indagatorias señalan que entre el 3 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018, así como del 8 de julio al 30 de octubre de 2019, estas compañías realizaron 17 mil 566 depósitos por un total de 9 mil 631.8 millones de pesos.

En el mismo periodo también registraron 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos, mediante transferencias a cientos de personas físicas y morales, varias de ellas incluidas por el SAT en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Por el volumen de recursos movilizados, la FEMDO solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores verificar si estas empresas contaban con autorización para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero.

La CNBV respondió que no existe ningún antecedente ni autorización financiera para Optimización Dalga, Lovies, OHAT ni para Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería.

La investigación también establece que las empresas fueron constituidas en 2015 ante notarías de la Ciudad de México y el Estado de México, donde aparece vinculado Vicente Estrada Viveros junto con otros socios y representantes legales.

Fuentes federales informaron que la FGR ya presentó el caso ante un juez y está en espera de la audiencia para imputar a seis personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por el monto involucrado, este expediente se ubica entre los casos de lavado de dinero más relevantes del país, solo por debajo del caso de Juan Carlos Minero Alonso y del proceso contra Manuel Rodolfo Trillo Hernández, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.