Detienen a padre acusado de entregar a su hija de 12 años a cambio de 25 mil pesos en Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de Andrés "N", acusado de entregar a su hija de 12 años a un hombre de 31 años a cambio de 25 mil pesos, en un caso presuntamente relacionado con prácticas de "usos y costumbres" en la comunidad tzotzil de Tres Puentes, municipio de San Andrés Larráinzar.

De acuerdo con las autoridades, la menor fue obligada por su padre, de oficio agricultor, a vivir con el adulto, situación que se prolongó durante aproximadamente un mes. Como parte de la investigación, también fue detenido el hombre señalado de recibir a la adolescente.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, quien permitió el inicio de las investigaciones que derivaron en la captura de ambos implicados.

La comunidad de Tres Puentes, ubicada a unos 10 minutos de la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar, cuenta con alrededor de 350 habitantes, en su mayoría hablantes de lengua tzotzil y dedicados principalmente a la agricultura y la elaboración de artesanías textiles.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Carla Zamora Lomelí, señaló que la entrega de niñas a cambio de dinero, animales o bienes materiales ha persistido durante generaciones en algunas comunidades indígenas, como resultado de prácticas que cosifican a las mujeres y vulneran sus derechos.

"Lo que se sabe es que en varias comunidades indígenas de Chiapas dan a las niñas por cajas de refrescos, animales como guajolotes, pollos, pan o ganado. No se trata únicamente de una situación económica, sino de una práctica histórica de violencia hacia las mujeres", explicó la especialista.

El caso se investiga bajo el delito de cohabitación forzada, incorporado al Código Penal de Chiapas tras la reforma aprobada por el Congreso del estado el 31 de enero de este año, con el objetivo de erradicar los matrimonios infantiles y la entrega de menores bajo el argumento de los usos y costumbres.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que se trata del primer caso investigado bajo esta figura penal y sostuvo que la legislación busca poner fin a estas prácticas, particularmente en una entidad que registra uno de los índices más altos de embarazo infantil en el país.

"Los usos y costumbres no están por encima de los derechos de ningún niño, niña o adolescente", enfatizó el fiscal.

Por su parte, Zamora Lomelí consideró que, además de la aplicación de la ley, es indispensable impulsar procesos de concientización con familias, autoridades tradicionales y líderes religiosos para transformar de fondo estas prácticas y garantizar la protección de la infancia en las comunidades indígenas.