Martes 9 de diciembre de 2025
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, podría alcanzar una pena de hasta 22 años y seis meses de prisión si la justicia federal determina su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el cual fue detenido el lunes en Chihuahua capital y presentado este martes ante un juez en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
La audiencia inicial se realizó en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde autoridades federales lo trasladaron tras su captura en el fraccionamiento Jardines de San Francisco. Duarte fue aprehendido por elementos de la Guardia Nacional alrededor de las 14:00 horas, cuando salía de su domicilio.
De acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el delito de lavado de dinero se castiga con cinco a quince años de prisión, además de una multa de mil a cinco mil días. No obstante, el artículo 400 Bis 1 establece que estas penas se duplican cuando el involucrado es o fue servidor público dentro de los dos años posteriores a su encargo, circunstancia que podría aplicarse al exmandatario estatal.
El Código Penal establece que dicho delito se configura cuando una persona administra, mueve o utiliza recursos con conocimiento de que provienen de actividades ilícitas, o cuando oculta u oculta su origen o destino.
Además de la pena de prisión, la legislación contempla una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo igual al de la condena.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Duarte de encabezar un esquema financiero para ocultar recursos de origen ilícito presuntamente desviados del erario estatal, los cuales habrían sido canalizados a través del Sistema Financiero Mexicano.
Sin embargo, la defensa del exgobernador sostiene que se trata de los mismos 96 millones de pesos incluidos en el proceso estatal que enfrenta en Chihuahua —carpeta 3041— por el cual, argumentan, ya había sido absuelto en la vía administrativa. También señalan que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos impide juzgarlo por delitos distintos a los que motivaron su entrega en 2020: peculado y asociación delictuosa.
Duarte compareció ante la jueza María Jazmín Ambriz López, quien determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exgobernador gobernó Chihuahua de 2010 a 2016 y fue extraditado en julio de 2020 desde Estados Unidos tras permanecer prófugo por más de tres años.

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