Martes 16 de junio de 2026
Las agencias de seguridad de Estados Unidos mantuvieron un estricto seguimiento sobre las operaciones de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, desde el año 2016, luego de que un miembro de su círculo operativo comenzara a reportar de forma confidencial sus movimientos. Este flujo de información de inteligencia se consolidó como una pieza clave que derivó en su reciente captura el pasado 27 de abril en el municipio de La Yesca, Nayarit.
Flores Silva, identificado como uno de los pilares en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado el sucesor natural de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, era un objetivo prioritario transnacional debido a su historial delictivo, el cual comenzó a consolidarse desde principios de la década de los 2000.
De acuerdo con documentos judiciales revelados por Reforma, la recopilación de datos se agudizó hace una década mediante fuentes encubiertas. Los reportes entregados a las autoridades norteamericanas desglosaron minuciosamente la logística del capo:
Tráfico en tractocamiones: La acusación formal radicada en una corte federal de Washington detalla que Flores Silva coordinaba cargamentos masivos de cocaína y heroína camuflados entre mercancías legales.
La ruta de Tamaulipas: Los vehículos de carga utilizaban los cruces fronterizos de dicho estado para ingresar a la Unión Americana, lo que permitió a las corporaciones estadounidenses ejecutar aseguramientos históricos en diversos puntos de control en Texas.
Distribución y lavado: Las pesquisas documentaron esquemas de distribución en múltiples estados del país vecino, así como los canales financieros para retornar las ganancias a la organización en el occidente de México.
La detención de "El Jardinero" fue ejecutada por fuerzas federales de seguridad en territorio nayarita tras una serie de labores de seguimiento estratégico en campo. Tras confirmarse su arresto, el presunto líder criminal fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación.
Con este paso, las autoridades judiciales determinarán la conducción de los procesos penales correspondientes en México, a la par de desahogar los requerimientos y la orden de extradición vigente hacia los Estados Unidos. (Con información de El Financiero)

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