EU mantiene en pausa 17 órdenes de aprehensión contra el exgobernador César Horacio D. J.

Un total de 17 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador César Horacio D. J. continúan sin ejecutarse debido a que Estados Unidos no ha otorgado la autorización necesaria para proceder, informó el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno. Aunque la extradición del exmandatario fue concedida en 2022, esta solo se autorizó para una causa, y las restantes quedaron sujetas al principio de especialidad, que impide actuar sin permiso expreso del país que lo entregó.

El fiscal detalló el estado actual de los procesos judiciales que enfrenta el exgobernador, tanto en el ámbito estatal como federal, luego de que fuera detenido nuevamente para enfrentar acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Explicó que existen 19 carpetas de investigación abiertas contra el exmandatario, cuyo monto acumulado asciende a 1,402 millones 593 mil pesos, de los cuales 96 millones ya fueron judicializados en Chihuahua por el delito de peculado agravado, causa que motivó la solicitud de extradición presentada por la Cancillería Mexicana el 30 de marzo de 2017, durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Estados Unidos concedió la extradición hasta 2020, y únicamente por el desvío de 96 millones de pesos.

En el proceso estatal vigente, la audiencia intermedia permanece suspendida debido a un amparo presentado por la defensa, que impugnó la admisión de ciertos testigos. El fiscal anticipó que ese recurso podría resolverse a favor de la Fiscalía y permitir la reanudación del juicio. Añadió que, en 2022, la Fiscalía de Chihuahua renovó las solicitudes ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR para que Estados Unidos autorizara procedimientos adicionales. Ese mismo año se concedió el principio de especialidad para una segunda causa, relacionada con el presunto desvío de 120 millones de pesos mediante empresas fantasma, aunque la orden de aprehensión correspondiente fue suspendida temporalmente por un amparo.

De manera paralela, la Fiscalía General de la República ha tramitado autorizaciones para proceder por delitos federales, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas a la introducción al sistema bancario mexicano de fondos de origen presuntamente irregular. Aunque parte de los recursos provienen del mismo desvío original, el fiscal señaló que se trata de conductas jurídicas distintas, por lo que los procesos pueden avanzar de forma independiente.

Respecto a los bienes asegurados al exgobernador, Jáuregui indicó que existen propiedades bajo administración estatal y federal, aunque algunas carecen de depositaria por decisiones tomadas en administraciones anteriores. En caso de una sentencia condenatoria, el exmandatario deberá responder con su patrimonio. Consultado sobre la posibilidad de que nuevos procedimientos alcancen a otros exfuncionarios, señaló que ello dependerá de la actuación de la Fiscalía federal y del avance de las audiencias.

Finalmente, el fiscal reiteró que el avance de las causas depende del gobierno estadounidense, cuyos procedimientos son particularmente rigurosos y prolongados. “Desde 2022 se solicitó todo lo necesario, pero estas decisiones dependen de Estados Unidos. Aun así, continuamos adelante con cada una de las causas”, concluyó.