EU señala a activista de Nuevo Laredo por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste

El Gobierno de Estados Unidos acusó al activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez de tener presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, al señalarlo como un colaborador encargado de influir en la opinión pública y generar desinformación contra autoridades mexicanas.

A través del Departamento del Tesoro, el gobierno estadounidense informó que Ramos Vázquez —quien se ha desempeñado por más de dos décadas como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo— fue incluido en un paquete de sanciones por presunto apoyo a actividades relacionadas con narcotráfico y terrorismo.

Según el comunicado oficial, el activista habría participado durante más de diez años en acciones orientadas a proteger la reputación del grupo criminal, bajo la cobertura de su labor en derechos humanos.
“Ramos es un asociado del Cártel del Noreste que lidera la campaña de desinformación contra las autoridades mexicanas”, indicó la dependencia estadounidense.

Las autoridades también lo acusan de promover denuncias falsas contra el Ejército mexicano y de presuntamente financiar protestas para desacreditar operativos de seguridad.

Las acusaciones contrastan con la trayectoria pública del activista, quien ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de abusos de fuerzas de seguridad en la frontera, participando en casos relevantes como la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo en 2023 y el de la menor Heidi Mariana en 2020.

Cabe recordar que en 2022 investigaciones del Citizen Lab documentaron que el teléfono de Ramos Vázquez fue intervenido con el software Pegasus, mientras que filtraciones posteriores señalaron que también fue objeto de vigilancia por parte del Ejército mexicano.

Sanciones también alcanzan a empresas y operadores

En el mismo anuncio, Estados Unidos informó sanciones contra tres individuos y empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste, así como contra establecimientos utilizados para actividades ilícitas.

Entre estos, se encuentran el Casino Centenario y el Casino Diamante, señalados como espacios para lavado de dinero, almacenamiento de drogas e incluso actos de violencia.

Las sanciones fueron impuestas bajo disposiciones relacionadas con el combate al narcotráfico y al financiamiento del terrorismo, en el marco de la designación del Cártel del Noreste como organización terrorista extranjera por la administración estadounidense desde 2025.

Hasta el momento, el activista no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos.