El país de las lagunas

Hay una región en Perú, la Puna de Junín, conocida como “El País de las Lagunas”. [1] En la zona, destacan, entre otras, las lagunas de Tranca Grande, de Cucancocha, de Ayhuin, de Pomacocha, de Tipicocha, de Habascocha y de Huascacocha. Pues México también podría llegar a ser conocido como el país de las lagunas… legales. Cualquier orden de autoridad, desde el más elevado hasta el más rascuache -pensemos en un Municipio, por ejemplo-, puede darse el lujo de desconocer la Ley aludiendo a las supuestas lagunas de la misma y, a partir de ahí, negarse en redondo a su cumplimiento.

Un ejemplo manifiesto nos lo brinda, el Municipio de Chihuahua, concretamente, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Fernando Mendoza; funcionario que en nombre de la administración recibió la demanda que días atrás interpusieran 3 de los deudos de una de las víctimas del Aeroshow, y que al momento de su recepción manifestó que analizarían su viabilidad y que estarían “en total apertura para atender y apoyar a las víctimas”. [2]

Como luego dicen, cae más pronto un hablador que un cojo y la total apertura y el apoyo total de la Administración municipal rápida y totalmente se convirtieron en un acuerdo de admisión y radicación que ni admite ni radica la demanda. Como la Chimoltrufia, quien “como dice una cosa dice otra”, el mencionado acuerdo determina que el Municipio “se reserva proveer en cuanto a la admisión de la reclamación de antecedentes”; es decir, ni recibe ni desecha la demanda sino todo lo contrario.

Uno de los argumentos sustanciales del funcionario para negarse a su admisión es… sí, lo adivinó usted, lo que él llama las “lagunas de la Ley”. Lo más extraño del asunto es que él era diputado local, e integrante de la Comisión que aprobó el dictamen, cuando el Congreso del Estado expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, [3] instrumento por el que se faculta a los ciudadanos para promover reclamaciones en contra de las administración pública y buscar la indemnización debida; y que es, precisamente, la que sirve de fundamento a los demandantes para dar inicio al procedimiento que nos ocupa. Suponiendo sin conceder, que la Ley tenga lagunas, ¿qué estaba pensando cuando aprobó el dictamen? ¿En la Puna de Junín? ¿Se le hizo agua el sentido común?

Un acuerdo tan bizarro no solo merece nuestra condena desde una óptica legal sino que, en el terreno de los hechos y en el peor de los sentidos, constituye el mejor testimonio de la falta de voluntad política del Municipio de Chihuahua para resolver de fondo un problema que se originó en la avaricia y la estupidez de un pequeño grupo de empresarios de apellidos linajudos en su mayoría y funcionarios ególatras. En un santiamén, el Secretario municipal echó por tierra el discurso del Presidente Municipal, Javier Garfio, quien hace apenas unos días había dicho que desde el primer día de su mandato municipal, había “estado al pendiente de las víctimas, para dar actos de solidaridad, y tener el compromiso que se tiene con ellos con el firme objetivo de estar al pendiente de ellos”. [4]

Al margen de su envidiable elocuencia, lo cierto es que el con el citado acuerdo, el Presidente y el Secretario municipales soslayan la terrible verdad que plantea el hecho marcado con el número X de la demanda: “Como resultado de estos hechos, ocurrió la muerte de nuestra madre, de nombre MARÍA CRISTINA BACA GÁMEZ; lo que se acredita con la copia certificada del acta de defunción emitida por el Registro Civil del Estado de Chihuahua, que se agrega como Anexo No. 1 a este escrito; parentesco que se demuestra con las actas de nacimiento de los suscritos”.

En eso quedaron las buenas intenciones: En el discurso; y en una inocultable incapacidad para afrontar el hecho simple y escueto de que docenas de personas sufrieron pérdidas imposibles de compensar; daños imposibles de reparar; quebrantos y aflicciones imposibles de resarcir. Las heridas, la sangre, la mutilación, la enfermedad y la muerte de decenas de personas, de decenas de chihuahuenses, le valieron a estos flamantes “servidores públicos” el más profundo desprecio y una de las peores burlas legales de que tenga memoria. Ese es el PRI en el gobierno de Chihuahua.