Estados Unidos amplía sanciones contra funcionarios de Nicaragua por presuntas violaciones a derechos humanos

Washington, D.C.- El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre la administración encabezada por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, a quienes acusa de cometer violaciones a los derechos humanos.

La medida fue dada a conocer por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló que las sanciones están relacionadas, entre otros factores, con la muerte del activista indígena Brooklyn Rivera, ocurrida el mes pasado mientras permanecía bajo custodia del Gobierno nicaragüense.

“Estados Unidos está con el pueblo nicaragüense que, como Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, expresó Rubio en un comunicado oficial.

Con esta decisión, el número de funcionarios nicaragüenses y familiares sujetos a restricciones de viaje por parte de Washington supera ya las 2 mil 350 personas. Las autoridades estadounidenses no revelaron la identidad de los nuevos sancionados.

Además, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos denunció a través de redes sociales la desaparición de seis familiares y allegados de Rivera, situación que condenó públicamente.

Las tensiones entre ambos países se han incrementado en los últimos años. En abril pasado, la administración estadounidense impuso sanciones a dos hijos de Ortega y Murillo, en una nueva escalada de medidas contra integrantes del círculo cercano al Gobierno nicaragüense.

Rivera, reconocido defensor de los derechos de los pueblos indígenas, fue detenido en septiembre de 2023. Su encarcelamiento se produjo en medio de una amplia ofensiva gubernamental contra opositores, activistas y organizaciones de la sociedad civil iniciada tras las protestas de 2018, las cuales fueron reprimidas por las autoridades.

El Gobierno de Nicaragua sostiene que el activista falleció a consecuencia de una infección bacteriana agravada por secuelas derivadas de un contagio de COVID-19. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas internacionales han cuestionado la versión oficial y exigieron una investigación independiente sobre su muerte.

Diversos organismos internacionales han denunciado que, en los últimos años, el Gobierno nicaragüense ha encarcelado, expulsado o despojado de la nacionalidad a opositores políticos, líderes religiosos, periodistas y miembros de organizaciones civiles. Asimismo, se reporta el cierre de más de 5 mil organizaciones, muchas de ellas de carácter religioso o humanitario, así como el desplazamiento de miles de ciudadanos fuera del país.

Las nuevas sanciones reflejan el endurecimiento de la postura de Washington frente al Gobierno de Nicaragua y podrían incrementar la presión internacional sobre la administración de Ortega y Murillo en materia de derechos humanos y libertades civiles.