Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos

El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos está programado para expirar la madrugada del sábado, a menos que se logre un avance en las negociaciones entre demócratas y republicanos. Hasta el momento, no hay una señal clara de cuándo podría restablecerse el presupuesto.

El cierre inminente se produce en medio de un impasse sobre la represión migratoria, luego de incidentes recientes en ciudades como Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses fueron abatidos por agentes federales. Los demócratas exigen que oficiales de inmigración se identifiquen, se quiten las máscaras y cuenten con órdenes judiciales para arrestos en propiedad privada; los republicanos consideran estas demandas excesivas.

Impacto en operaciones esenciales
A pesar del posible cierre, se espera que muchas funciones críticas continúen:

Inmigración y Aduanas: ICE y Aduanas y Protección Fronteriza, con más de 80,000 oficiales combinados, seguirán operando, incluso sin pago inmediato. ICE cuenta además con recursos adicionales aprobados el año pasado.

Seguridad aeroportuaria: La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) requerirá que la mayoría de sus casi 60,000 empleados trabajen, aunque la falta de pago podría afectar la moral y provocar retrasos.

Respuesta a desastres: La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) mantendrá operaciones esenciales, aunque un desastre catastrófico podría tensar sus fondos.

Servicios de inmigración: USCIS continuará procesando solicitudes, dado que se financia principalmente con tarifas de solicitantes, aunque algunos programas temporales podrían suspenderse.

Guardia Costera: El personal uniformado seguirá trabajando, pero la moral y el mantenimiento podrían verse afectados.

Ciberseguridad: La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura mantendrá solo operaciones críticas, mientras que funciones estratégicas podrían retrasarse.

Servicio Secreto: La mayoría de sus más de 8,000 agentes continuarán protegiendo a altos funcionarios y exmandatarios, aunque algunas actividades de contratación y entrenamiento se verían afectadas.

El DHS aseguró que “las misiones y funciones esenciales continuarán”, pero advirtió que muchos empleados podrían trabajar sin salario durante el cierre, generando presión sobre los defensores de primera línea.

La situación pone de relieve la vulnerabilidad de los servicios federales ante conflictos políticos y la dependencia de la aprobación legislativa para el funcionamiento completo de agencias clave de seguridad y protección civil.