Estados Unidos sancionó a 120 funcionarios venezolanos durante los 12 años de gobierno de Nicolás Maduro

Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, el Gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones a 120 funcionarios y ex funcionarios venezolanos, acusándolos de actos antidemocráticos, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Una investigación basada en archivos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, revela que durante los últimos 12 años generales del Ejército, ministros, burócratas, policías, militares y jueces fueron incorporados al programa de sanciones como parte de la estrategia de presión financiera y diplomática contra el gobierno venezolano.

Las sanciones prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con las personas señaladas y, en algunos casos, Washington ha condicionado su levantamiento a que los sancionados se deslinden públicamente de Maduro.

La mayoría de las medidas se concentraron durante las administraciones de Donald Trump, tanto en su primer periodo (2017-2021) como en el segundo, iniciado en enero de 2025. En conjunto, durante estos años fueron sancionados 98 funcionarios, lo que representa el 82% del total.

El propio Nicolás Maduro fue incluido en la lista el 31 de julio de 2017, un día después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, proceso que Estados Unidos calificó como ilegítimo y como un intento de usurpar las funciones del Parlamento electo democráticamente.

Actualmente, 52 personas están señaladas por actos antidemocráticos, 46 por corrupción y 22 por violaciones a derechos humanos, según los registros de la OFAC. El Gobierno venezolano ha rechazado sistemáticamente estas acusaciones, calificándolas como injerencia extranjera y parte de un “bloqueo económico” que, asegura, ha agravado la crisis humanitaria del país.

Entre los sancionados figuran altos perfiles del oficialismo como Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. También fue incluido Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, señalado por su papel en propaganda y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Las sanciones no se limitaron a figuras políticas individuales. En 2019, Estados Unidos sancionó directamente a instituciones como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), acusadas de tortura y represión, incluyendo la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo bajo custodia militar.

Asimismo, gobernadores, jueces, fiscales y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron incorporados a la lista por decisiones que, según Washington, anularon la autoridad legislativa y permitieron el gobierno por decreto.

El impacto de estas sanciones ha sido motivo de debate internacional. En 2021, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, concluyó que las medidas coercitivas unilaterales tuvieron un “efecto devastador” sobre los derechos humanos de la población venezolana, especialmente en los sectores más vulnerables.

Este escenario antecede a la reciente crisis política internacional tras la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses, un hecho que ha reavivado las tensiones bilaterales y colocado nuevamente al petróleo venezolano en el centro del conflicto geopolítico.