FGR avanza contra empresarios por 800 mdp del caso Segalmex

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) podrá continuar utilizando las pruebas con las que busca llevar a proceso a los empresarios chiapanecos René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, señalados por su presunta participación en operaciones financieras realizadas con 800 millones de pesos provenientes de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Los empresarios perdieron un recurso de amparo mediante el cual pretendían excluir 15 elementos de prueba presentados por la FGR y la Secretaría de Hacienda: siete testimonios, siete documentos y un peritaje.

Entre los elementos que permanecerán dentro del proceso destaca una opinión elaborada por Hacienda, en la que se concluyó que existen elementos para proceder contra los señalados. El tribunal determinó que las pruebas podrán ser cuestionadas posteriormente por la defensa, pero consideró que su utilización en esta etapa no vulnera sus derechos fundamentales.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), de la que los Dávila son accionistas, habría recibido 800 millones de pesos entre febrero de 2019 y junio de 2020 para adquirir certificados privados que ofrecían rendimientos anuales del 11 por ciento.

La acusación sostiene que las operaciones estaban respaldadas mediante fideicomisos que carecían de los recursos correspondientes y que habían sido constituidos previamente por empresas relacionadas con los señalados, sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los recursos salieron de Segalmex después de que René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo, autorizara la utilización de dinero público para adquirir los certificados privados.

Según el expediente, Segalmex transfirió los recursos al fideicomiso CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi, para posteriormente colocarlos en el mercado bursátil mediante certificados privados.

El avance del procedimiento abre la puerta a que el caso no se limite a exfuncionarios de Segalmex, sino que alcance también a empresarios externos que, según la acusación ministerial, habrían participado en el presunto manejo irregular de los recursos públicos.

El caso de los 800 millones de pesos forma parte de las distintas investigaciones abiertas por presuntas irregularidades financieras registradas durante la operación de Segalmex.