FGR detecta ingreso ilegal de 144 millones de litros de combustible en 52 días

La Fiscalía General de la República (FGR) detectó el que sería el mayor caso de huachicol fiscal registrado en México, al documentar el ingreso ilegal de 144 millones de litros de combustibles provenientes de Estados Unidos en un periodo de apenas 52 días.

De acuerdo con la investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Hidrocarburos, la red criminal introdujo al país diésel, gasolina y nafta ligera entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, utilizando un esquema de contrabando y falsificación documental para evadir controles aduaneros y el pago de impuestos.

Las autoridades estiman que el volumen asegurado equivale a 2.7 millones de litros diarios, el ingreso de 61 autotanques tipo full cada día o el abastecimiento de aproximadamente 42 mil vehículos diariamente.

La operación se concentró en la Aduana de Matamoros, donde presuntamente se tramitaron 291 pedimentos de importación fraudulentos para permitir el ingreso de 1,366 ferrotanques cargados con combustibles, los cuales fueron declarados falsamente como si transportaran solución de cloruro de calcio.

Según la FGR, los hidrocarburos tenían como destinatarias a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group, utilizando los servicios de la agencia Servicios Aduanales JR para gestionar la documentación necesaria.

Una vez cruzada la frontera, el combustible era trasladado por vía ferroviaria hacia los estados de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, donde presuntamente era distribuido.

Como resultado de las investigaciones, siete personas han sido detenidas y vinculadas a proceso, entre ellas Armando Riestra Fernández, propietario de la agencia aduanal involucrada, verificadores y directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como socios de Jumandi Group.

La captura más reciente ocurrió el 12 de junio de 2026, cuando autoridades estadounidenses deportaron a Carlos Eugenio Benítez Orta, quien se desempeñaba como subdirector aduanero y es señalado por su presunta participación en la red de contrabando.

La investigación continúa para determinar el alcance de la operación y la posible participación de más servidores públicos y empresas en este esquema de tráfico ilegal de combustibles.