FGR y FGE en tensión por investigaciones de narcolaboratorios en Chihuahua

En el estado de Chihuahua persiste un debate institucional entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la competencia en investigaciones relacionadas con narcolaboratorios y delincuencia organizada, particularmente tras el aseguramiento de un laboratorio clandestino en la Sierra de El Pinal a mediados de abril.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la FGR ha abierto apenas tres carpetas de investigación entre enero y abril por delitos vinculados a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: una en febrero por delitos “contra la salud” y dos más por otros conceptos relacionados con la misma normativa.

Sin embargo, registros históricos muestran una tendencia variable en los últimos años: en 2024 se reportaron cinco investigaciones, en 2023 otras cinco, y en 2022 cuatro casos, mientras que en periodos anteriores se han registrado años con mayor incidencia, como 2014 o 2017.

En el caso de Chihuahua, la evolución histórica refleja altibajos en la apertura de investigaciones federales, con años sin registros o con apenas uno o dos casos, y picos relevantes en la década pasada, cuando se reportaron hasta 19 investigaciones en un solo año.

Paralelamente, solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia han evidenciado que la FGR ha evitado proporcionar información detallada sobre narcolaboratorios asegurados, argumentando que no cuenta con el nivel de desglose solicitado por la ciudadanía, incluyendo datos por entidad, municipio, tipo de droga o personas detenidas.

En contraste, información parcial indica que en 2025 había únicamente 13 personas dentro del programa de testigos protegidos en todo el país relacionadas con investigaciones por delincuencia organizada.

El punto de mayor tensión institucional surgió tras el aseguramiento del narcolaboratorio en la Sierra de El Pinal, donde la FGE realizó las primeras diligencias sin coordinación con la FGR, lo que derivó en cuestionamientos sobre la competencia legal para investigar este tipo de delitos.

La FGR sostuvo posteriormente que, conforme a la Ley General de Salud, la federación tiene competencia exclusiva cuando existen indicios de delincuencia organizada en delitos relacionados con producción de drogas, como ocurre en laboratorios clandestinos.

Hasta el corte del 14 de mayo, la autoridad federal no había confirmado si existen personas detenidas derivadas de ese operativo, lo que mantiene abierta la discusión sobre la coordinación y transparencia en las investigaciones de alto impacto en el estado de Chihuahua.