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Lunes 31 de octubre de 2011

Gasto publico oscuro en Chihuahua

El Gobierno del Estado de Chihuahua y los ayuntamientos ejercen el gasto público a criterio personal


El Gobierno del Estado de Chihuahua y los ayuntamientos ejercen el gasto público a criterio personal

El Gobierno del Estado de Chihuahua y los ayuntamientos ejercen el gasto público a criterio personal de quienes gobiernan con una total falta de transparencia amparados en vacíos legales, de normatividad vigente que presenta serias deficiencias, gracias a una irregular e ineficiente actividad legislativa de la mayoría priista del Congreso del Estado.

Los estados, Chihuahua incluido, ejercen una tercera parte de los recursos públicos, unos 13,700 millones de pesos en 2011 en el caso de la administración de César Duarte, con una enorme discrecionalidad, es decir sin controles que garanticen si el gasto es de calidad y para los fines del servicio público. Las leyes estatales se quedan cortas para regular el gasto que con cargo a los impuestos de todos los ciudadanos, ejecutan los gobernadores y alcaldes y éstas legislaciones se actualizan muy lentamente por parte de los congresos locales, a propósito, con el fin de mantener los cacicazgos regionales que les permiten el desvío de recursos fiscales para fines netamente electorales.

Un estudio titulado “por que gastan así” del Centro de Investigación para el Desarrollo, (CIDAC), reprobó la legislación del Estado de Chihuahua que existe para el ejercicio de los recursos públicos y su contabilidad, deuda pública, fiscalización, coordinación fiscal y transparencia en Chihuahua. El marco legal de nuestra entidad ocupa el lugar número 19, con una calificación de 57 de 100 y ésta es reprobatoria.

Hay irregularidades porque no existe una ley exclusiva para regular la justificación de ingresos y egresos en materia de contabilidad gubernamental. En coordinación fiscal, la ley no especifica criterios distributivos en la participación a municipios de dineros provenientes del Gobierno Federal. En materia de deuda pública no se reglamenta el uso de la deuda de corto plazo. En fiscalización se carece de un reglamento para la aplicación efectiva de la Ley de la Auditoria Superior del Estado.

Lo más lamentable es que ni el Gobernador César Duarte, ni la mayoría priista del Congreso del Estado, ni el Auditor General Serbulo Lerma han comentado nada respecto de esta importante investigación elaborada por el CIDAC y mucho menos han presentado un proyecto para corregir todas estas irregularidades, cuando menos siguiendo las experiencias de las avanzadas leyes federales en la materia.