Gobierno federal aclara que no existe una solicitud formal de extradición contra Rubén Rocha

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aclaró que el proceso de extradición relacionado con las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aún no se encuentra en una etapa formal, debido a que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado una solicitud completa.

Durante la conferencia matutina, explicó que existe una diferencia entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional. Detalló que la primera debe incluir requisitos como la descripción del delito, pruebas, orden de aprehensión y documentación legal conforme al tratado bilateral entre ambos países.

En contraste, señaló que la petición enviada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York corresponde únicamente a una solicitud provisional, la cual debe acreditar condiciones de urgencia, como riesgo de fuga o la posibilidad de obstaculizar el proceso judicial.

Sin embargo, indicó que la Fiscalía General de la República determinó que no se presentaron elementos suficientes para justificar dicha urgencia, por lo que la solicitud carece de fundamentos sólidos.

“Es necesario solicitar información adicional para acreditar la urgencia”, puntualizó.

La funcionaria explicó que actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información complementaria al gobierno estadounidense, y será hasta que se entreguen pruebas suficientes cuando un juez de control pueda determinar si procede una detención provisional.

Alcalde Luján subrayó que ni la Fiscalía ni la Cancillería han emitido una postura sobre la culpabilidad de las personas señaladas o sobre la viabilidad de una extradición, ya que el proceso continúa en revisión.

Asimismo, advirtió que la difusión pública de la información podría vulnerar el principio de confidencialidad y afectar tanto el debido proceso como la presunción de inocencia.

Finalmente, reiteró que cualquier medida cautelar deberá ser determinada por un juez y sustentada en pruebas conforme a la legislación mexicana y los tratados internacionales vigentes.