Gobierno mexicano planea adquirir 4.7 millones de dosis de vacuna hexavalente en 2026

El Gobierno Federal destinará 1,681.8 millones de pesos durante 2026 para la producción y adquisición de 4.7 millones de dosis de la vacuna hexavalente, con el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación infantil en México, que ha mostrado un declive constante en la última década.

El biológico protege a los menores de un año contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis. Su incorporación al Programa de Vacunación Universal en 2018 permitió combinar en una sola inyección lo que antes requería la vacuna pentavalente junto con la antipoliomielítica inactivada.

De acuerdo con los Lineamientos de Operación del Programa de Vacunación E033 para 2026, la cobertura de la vacuna hexavalente cayó de 6.5 millones de dosis en 2016 a 3.7 millones en 2024, lo que representa una reducción del 43% en ocho años. La disminución se atribuye a factores como menos campañas de difusión, retrasos en la distribución, falta de personal capacitado y recursos insuficientes.

Expertos en vacunación advierten que 4.7 millones de dosis no serán suficientes para cubrir a la población objetivo. Según Juan Carlos Banda Manilla, exjefe nacional de vacunas del ISSSTE, se requieren al menos ocho millones de dosis para proteger a todos los niños menores de un año, mientras que Rodrigo Romero Feregrino, vocero de la Asociación Mexicana de Vacunología, estima que serían necesarias siete millones para aplicar los esquemas completos de dos, cuatro y seis meses, y el refuerzo entre 12 y 18 meses.

“El no aplicar la vacuna hexavalente aumenta la morbilidad y los ingresos hospitalarios en la población infantil, especialmente en menores de cuatro años”, señaló Banda Manilla. Romero Feregrino agregó que la falta de un sistema nominal de vacunación dificulta rastrear qué niños ya recibieron la vacuna y quiénes están pendientes, lo que agrava la brecha en cobertura.

El programa E033 está dirigido principalmente a la población no derechohabiente de hasta un año, así como a otros grupos vulnerables como personas de 6 a 59 meses, embarazadas, adultos mayores y personas con factores de riesgo para influenza estacional.

Las autoridades de salud buscan que esta adquisición contribuya a recuperar los esquemas completos de vacunación, reduciendo la mortalidad por enfermedades prevenibles y los gastos asociados a hospitalizaciones y cuidados intensivos, además de mejorar la calidad de vida de la población infantil.